El conde de Gondomar, Gonzalo Fernández de Córdoba y Narváez, deberá cortar en las próximas semanas los árboles en riesgo de desplome del pazo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) da la razón al Concello y avala su orden de tala de siete acacias y un fresno que sembraron la alarma entre los vecinos de la contigua urbanización Val Miñor hace ya dos años tras caerse varias ramas sobre sus propiedades. La sentencia, emitida el 28 de septiembre, desestima el segundo recurso del aristócrata contra el mandato municipal, pero le deja abierta la posibilidad de continuar el pleito ante la misma sala, o bien ante el Supremo.
En consecuencia, el Ayuntamiento volverá a requerir esta semana al aristócrata que corte los árboles. El alcalde, Francisco Ferreira, explica que se le dará un plazo de "en torno a un mes" para hacerlo. En caso de que no proceda, la Administración municipal podrá talarlos de forma subsidiaria. Es decir, se hará cargo de la tarea y pasará la factura después al propietario. El regidor confía en que "o conde asuma agora a súa responsabilidade dunha vez por todas, dado que xa hai dúas sentencias sobre a mesa ao respecto".
El proceso arrancó en noviembre de 2014. El Ayuntamiento ordenaba la tala tras las denuncias vecinales por desplomes de ramas en sus tejados y fincas, separadas de la propiedad señorial solo por un vial, causando diversos daños materiales e incluso físicos a uno de los residentes en la zona.
El entonces alcalde, el popular Fernando Guitián, llegó a ordenar hasta en tres ocasiones al aristócrata que cortase los árboles y le advertía de multas coercitivas de hasta 6.000 euros. Amparaba su decisión en un informe del arquitecto municipal que advertía de "un risco inminente para as persoas e as cousas" y le pedía además que reparase el muro perimetral del recinto histórico, que también ha sufrido desprendimientos sobre la vía pública por su deterioro.
A merced de los temporales
El actual regidor, entonces en la oposición como portavoz del PSOE, había presentado también una propuesta aprobada en pleno para obligar a Fernández de Córdoba a retirar los árboles con el fin de evitar accidentes. Los temporales que se sucedieron aquel otoño generaron gran preocupación entre los vecinos, dado que los árboles, inclinados sobre el muro de la finca del pazo y sobre la carretera que lo rodea, ondeaban a causa de las fuertes rachas de viento.
Pero el conde recurrió la orden municipal ante el Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Vigo con la intención de proteger su propiedad, considerada bien de interés cultural (BIC). Consideraba que la tala podría alterar el conjunto y que debía ser la Dirección Xeral de Patrimonio la que se pronunciase.
El aristócrata perdió parcialmente su primera batalla legal contra el Concello en marzo. El juez vio en el requerimiento municipal "una medida proporcionada y adecuada a las circunstancias de peligro inminentes" e incluso autorizó al Ayuntamiento a acceder al pazo para ejecutar la corta y pasar después los gastos a su propietario. No obstante, sí salvaba el muro de la intervención porque observaba una "afección directa sobre el BIC".
Pero Fernández de Córdoba acudió al TSXG y ha vuelto a perder. En esta ocasión, alegó defectos administrativos en la actuación del Concello y cuestionó tanto la cualificación técnica del arquitecto municipal para emitir informe como el riesgo inminente al que se refería en su informe y en su declaración ante el juez. El Alto Tribunal considera que la actuación del Ayuntamiento ha sido correcta y que el funcionario dispone de la formación necesaria para pronunciarse en este caso. Afirma también que el peligro está acreditado por las "múltiples caídas de ramas con anterioridad a la sentencia del Contencioso, y también con posterioridad".
