El Concello de Porriño ha conseguido paralizar la ejecución del 80 por ciento de los casos de desahucios cuyas personas afectadas decidieron acudir al Consistorio para solicitar ayuda y asesoría a lo largo de los últimos diez meses, es decir, en lo que transcurrido del presente año 2016.

"El departamento de Servicios Sociales del Concello atiende absolutamente todos los casos que llegan a las dependencias municipales y en la mayoría de los casos se consigue una solución que permita seguir garantizando un techo a las personas afectadas". Lo explica Soledad Girón, concejala de Bienestar en el municipio.

Girón apunta que a lo largo del mencionado período los trabajadores y las trabajadoras del departamento han atendido un total de seis casos. "En cuatro de ellos logramos una solución a través de la mediación con diferentes entidades bancarias, otro está en trámite pero con buena perspectiva y tan sólo hemos tenido uno en el que no fue posible que las dos partes llegaran a un acuerdo".

La edila porriñesa de Bienestar señala que la solución suele encontrarse a través de negociaciones con diferentes entidades bancarias. En la mayoría de los casos la salida al problema llega a través de la concesión por parte del banco de una dación en pago (de manera que los residentes en la vivienda quedan liberados de la deuda hipotecaria después de entregar la casa) acompañada de una alternativa habitacional en forma de vivienda de alquiler social. El contrato de este alquiler establece una duración de tres años, pero la ley permite prorrogarlo hasta las cinco anualidades.

Los desahucios evitados responden también a impagos por alquiler y desde el departamento de Servicios Sociales se realizan trámites para concesión de la Risga y otras rentas y ayudas, tanto de carácter municipal como autonómico.

"Los casos se tratan siempre con la mayor diligencia posible y bajo la mayor de las discreciones", explica Soledad Girón. "Estamos viviendo una época que puede llegar a resultar muy complicada para muchas personas y nuestra labor como organismo público es intentar mediar entre partes para que las consecuencias puedan ser amortiguadas en la medida de lo posible", señala la concejala.

Lo cierto es que los desahucios siguen formando parte de la realidad gallega y española más intensidad de la deseada. Según datos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en la comunidad se ejecutaron 2.432 lanzamientos a lo largo del pasado año 2015. La mayoría de esos 2.432 desahucios que se practicaron durante el año pasado fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, por impago del alquiler. Fueron, en concreto, 1.507. Otros 800 procesos estuvieron relacionados con ejecuciones hipotecarias, y otros 225 tuvieron otras causas.