Proveedores del Concello de Salceda de Caselas, a los que el Ayuntamiento debe facturas desde el año 2015 y a los que no ha podido pagar al negarse la oposición a la aprobación de un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, presentaron un recurso contencioso administrativo contra la desestimación por silencio administrativo del pago de las facturas adeudadas.

El gobierno de Salceda llevó a pleno en numerosas ocasiones las facturas pendientes, pero la oposición (PP y PSOE) tumbó el pago, primero pidiendo que quedaran sobre la mesa y después votando en contra, argumentando el excesivo volumen de este reconocimiento y pese a que el gobierno mantuvo que existían posibilidades de realizar el pago y dinero para hacerlo.

Tras varios intentos de acuerdo, los proveedores decidieron constituir una asociación para representar a sus intereses y reclamar el pago de las facturas en el Concello. Al no haberse hecho efectivo este pago acudieron al Juzgado de lo Contencioso Administrativo para exigirlo.

El reconocimiento pendiente de 2015 supone 640.000 euros, que corresponden a 170 afectados. La asociación fue constituida un buen número de ellos que, al parecer, presentan el recurso en nombre todos los proveedores afectados, para que nadie quede sin cobrar.

Es además posible que si la denuncia es admitida a trámite y se falla a favor del pago, o incluso antes, el Concello no se oponga a la resolución o exista un acuerdo, ya que es voluntad del alcalde que se realice este pago, y así se lo manifestó a la propia asociación.

Antes de llegar a presentar este recurso judicial, los proveedores mantuvieron numerosas reuniones con el gobierno y la oposición para buscar el acuerdo y llegaron a solicitar a los grupos municipales del Partido Popular y del Partido Socialista "que reconsideren su postura, excluyan del debate político la atención que merecen los empresarios que conforman el tejido económico de este Concello, y voten a favor o, cuando menos, se abstengan en sesión plenaria en la que se trate el asunto del reconocimiento extrajudicial de crédito de 640.000 euros que permita pagar sus facturas". Ya habían advertido en julio que tomarían medidas judiciales de todo tipo.

Besada: "Tienen derecho"

El propio alcalde, Marcos Besada, había indicado que existía la posibilidad de la denuncia judicial "porque los trabajos y servicios están realizados y tienen derecho a cobrar". En todo caso, también manifestó que intentará que el ayuntamiento no salga perjudicado por la decisión de los empresarios de ir al juzgado, ya que podría darse el caso de que se exigieran intereses de demora y es voluntad del gobierno evitarlo.