El Concello de Mos y la comunidad de montes de la parroquia de Tameiga se repartirán al cincuenta por ciento los ingresos derivados de las parcelas industriales subastadas en el monte Faquiña durante los próximos cinco años. Es decir, que desde 2017 y hasta 2022, inclusive, ambas entidades percibirán alrededor de 100.000 euros cada una por los arrendamientos efectuados por el Concello de Mos en varios terrenos de este monte a lo largo de los últimos años. Finaliza por tanto un proceso judicial que se inició en el pasado mes de marzo, después de que la entidad vecinal reclamara ante el juzgado de instrucción número 2 de Porriño la propiedad de la totalidad de los terrenos subastados por el consistorio. El tribunal falló el pasado mes de septiembre a favor de los comuneros, y desde entonces la voluntad de ambas partes ha sido la de intentar llegar a un acuerdo que no perjudicara en demasía las arcas del Concello.
Oferta aceptada
Los términos del acuerdo se deducen de la aceptación por parte de todos los grupos que forman la corporación local mosense de una propuesta formulada por la directiva de la comunidad de montes el pasado viernes, 21 de octubre, el la propia Casa del Concello.
En ella se establecía la posibilidad de compartir los ingresos que hasta ahora venía percibiendo el Concello por los diferentes contratos de arrendamiento firmados con varias empresas en el monte Faquiña. Dichos ingresos, en la actualidad, rondan los 200.000 euros. Teniendo en cuenta que la propuesta planteada por los comuneros y aceptada por el Concello estipula el reparto del dinero al cincuenta por ciento hasta 2022, cada una de las partes cobrará un total de 500.000 euros durante los próximos cinco años a partir de 2017.
La fecha de 2022 no está escogida al azar, pues se trata del año en el que el Concello de Mos finalizará el plan de ajuste y de amortización de deuda. Una de las principales preocupaciones del Concello era que esta sentencia judicial afectara a este plan, pero con la consecución de este pacto desde el consistorio se entiende que se minimiza el impacto.
El acuerdo también tendrá otra consecuencia: la retirada del recurso presentado por el Concello en la Audiencia Provincial. Tras conocerse en fallo del tribunal de primera instancia, el consistorio tenía derecho a recurrir ante la Audiencia de Pontevedra, cosa que hizo, a la espera de poder llegar a un entendimiento con la comunidad. Con este pacto, la continuación del proceso judicial ya no tiene sentido, por lo que el Concello retirará el recurso presentado.
