Los últimos pleitos puestos en marcha por el camping se han centrado en evitar el derribo de los 34 bungalós que construyó en el año 2000. Ha solicitado incluso su legalización al Ayuntamiento, pero el gobierno municipal mantiene su postura y lo considera "inviable", según explican Rodal e Iglesias. El PXOM califica los terrenos como rústicos de especial protección y ahora la sentencia del Supremo los ratifica en el dominio marítimo terrestre de Costas. El fallo apela incluso a la Constitución Española en su argumentación. "No resultan viables parcelas de propiedad privada en el ámbito de la zona marítimo terrestre", recalca citando la carta magna.

Insiste además la sentencia en que la documentación que obra en el proceso refiere descripciones como "barra de arena" o "lengua de terreno arenoso", que no ofrecen lugar a dudas sobre su inclusión en la citada demarcación de Costas.