El litigio entre el Concello de Baiona y el camping de A Ladeira se bifurca. Al pleito que la empresa mantiene en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la Administración municipal para revocar la orden de demolición de sus 34 bungalós, se suma otro que ha llegado ya al Supremo. Se trata de un recurso que la propiedad ha interpuesto contra el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que lo ubica en suelo rústico de especial protección, porque considera que sus terrenos deben figurar como urbanos en el documento. Así lo explican tanto el alcalde de Baiona, Ángel Rodal, como la concejala de Medio Ambiente, María Iglesias.

La sociedad que gestiona el Camping Bayona Playa ha elevado su reclamación al Supremo para que sus terrenos se recalifiquen como urbanos, tras desestimársela el TSXG después de que el gobierno municipal rechazase modificar el Plan Xeral ya por la vía administrativa, "teniendo en cuenta que se trata de una zona de especial protección, incluida en la Red Natura, y en la demarcación marítimo terrestre de Costas", señala el regidor.

Pese a haber ordenado en tres ocasiones la demolición de las cabañas, la última en 2012, el Concello apela a la prudencia y prefiere esperar a que se resuelva tanto este último proceso como el que la compañía puso en marcha con el propósito de evitar el derribo. "No debemos adelantarnos a la resolución judicial por prudencia", indica la edil.

En la demarcación de Costas

A la espera de ambas resoluciones judiciales para salvar las casetas, el negocio ha recibido una sentencia desfavorable del Supremo, con fecha del pasado 6 de septiembre, relativa a otra demanda presentada contra el Estado. Aunque el Concello no ha formado parte de este proceso, el fallo viene a reforzar su postura y a confirmar que la zona, ubicada a pie de playa, debe protegerse y que los bungalós han de desaparecer.

Y es que el tribunal confirma que los terrenos son públicos, ya que forman parte de la demarcación marítimo terrestre, y cierra así un proceso judicial que se ha prolongado veinte años. Camping Bayona Playa S.L. había recurrido el deslinde de Costas que lo incluyó en la citada área de Costas en 1996. Logró que el juzgado de primera instancia de Pontevedra e incluso el Supremo le diesen la razón en 2002 y en 2008, respectivamente, y excluyesen las cabañas del área protegida. Pero una nueva orden ministerial de 2011 insistió en situar el establecimiento en la zona y en autorizarle como compensación una concesión de 30 años prorrogables. Otra resolución del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desestimaba su recurso un año después y la empresa acudió a la Audiencia Nacional, que falló a favor del Gobierno central. El Supremo vuelve a desestimar las pretensiones del camping y le concede únicamente el derecho a explotar el espacio sin los bungalós.