El responsable legal de la empresa constructora Samuelle S.L. declaró en la mañana de ayer en el juzgado de primera instancia número 1 de Tui, en calidad de testigo, dentro del período de toma de declaraciones de la fase de instrucción del caso de los Miguelianos. Según la abogada de la acusación, Ana Reguera, el declarante habría confirmado "haber cobrado facturas en negro relativas a diversos trabajos de construcción que hizo para Miguel Rosendo en varias propiedades".

La letrada de la acusación añadió que el testigo manifestó haber recibido "en efectivo una cantidad de 77.000 euros por una reforma en Vilariño (donde se ubica el convento)" y que en la documentación entregada por el juzgado relacionada con la declaración, con facturas que iban desde el año 1999 hasta el 2004 relativas a diferentes trabajos que la constructora hizo para Miguel Rosendo, "figuraban diversas certificaciones en las que aparecía la letra 'B' seguida de la numeración de factura", dando a entender que estos documentos reflejaban los pagos sin declarar por parte de Miguel Rosendo.

Petición de nulidad

La falta de tiempo para poder analizar esta documentación es precisamente la que ha llevado a la defensa del exlíder de los Miguelianos a pedir la nulidad del acto procesal, es decir, que la declaración realizada en el día de ayer por el representante legal de la empresa no tenga validez. Para María Teresa Quintana-Drake, abogada de la defensa, "existe una indefensión manifiesta cuando se nos entrega una documentación contable de 50 folios a las 9.30 de la mañana del mismo día de una declaración que tiene lugar a las 12.00 horas, sin tiempo para analizarla".

Quintana asegura que pidió la suspensión de la declaración "porque se trata de documentación que debería estar en la causa, no en los cajones de Rosendo como nos han dicho". La abogada renunció a hacer preguntas al constructor al entender que "se vulnera un derecho fundamental en justicia al haber indefensión" y afirma que "pediremos la nulidad del acto procesal ante la juez o ante órganos judiciales superiores si es necesario".

En este sentido, la abogada de la acusación, Ana Reguera, afirma que "entre la primera y la segunda declaración de ayer hubo un receso de una hora, tiempo suficiente para analizar los documentos".

Reguera se refiere en este punto a la primera persona en prestar declaración en la mañana de ayer; una mujer que estuvo dentro de la orden durante diez años y que según la propia Reguera confirmó "amenazas por parte de Rosendo para que no abandonaran la misma".