El día de hoy será una fecha histórica para Gondomar. El desbloqueo del polígono industrial de A Pasaxe ya es al fin realidad. El Consello da Xunta prevé aprobar de forma definitiva el plan sectorial que legalizará las 180 empresas que lo ocupan, en situación de irregularidad urbanística desde hace décadas, según pudo confirmar ayer este diario. El visto bueno del Gobierno gallego pone fin a ocho años de negociaciones y trámites y a medio siglo de alegalidad de un parque empresarial que creció durante medio siglo sin control ni apenas servicios básicos, pero que ha logrado convertirse en el principal foco de empleo de la comarca miñorana con una facturación anual que ronda los 400 millones de euros.
El proyecto ha puesto de acuerdo a las administraciones autonómica y gallega, a los propietarios de los terrenos -empresarios y comunidad de montes de Vincios- y al Consorcio de la Zona Franca de Vigo, que se hará cargo del desarrollo de una parte del espacio.
La urbanización está prevista en dos fases. La primera afecta al área donde ya se encuentran implantadas la mayoría de las firmas, que ocupan una superficie de 204.426,71 metros cuadrados. Esta etapa será gestionada por los titulares de los terrenos y el Ayuntamiento de Gondomar, que aportará 300.000 euros para la mejora de servicios básicos, viales y suministros.
De la segunda, correspondiente a las parcelas vacías o con naves dispersas (388.054,84 metros cuadrados), se encargará Zona Franca mediante una expropiación parcial en la que el ente estatal se quedaría únicamente con los terrenos de aquellos propietarios no interesados en participar en el proceso. Los que sí aporten las cantidades necesarias para ejecutar los trabajos -78 euros/metro cuadrado- mantendrán la titularidad de los suyos. En todo caso, el Consorcio capitaneará el desarrollo de las obras de forma conjunta.
El polígono afronta a partir de hoy su mayor reto: el crecimiento. Deja atrás cinco décadas de inseguridad jurídica para lanzarse a la expansión tras una larga lucha contra la burocracia que arrancó en 2008. Tras años de reivindicaciones empresariales por carecer de saneamiento, suministro de agua o fibra óptica, entre otros servicios, las conversaciones entre las partes implicadas se iniciaron aquel año y hubo acuerdos. La Xunta contrataba la redacción del proyecto sectorial, pero la falta de fondos públicos lo paralizaba. Tras retomarse el asunto en 2010, la primera aprobación del plan sectorial llegó en mayo de 2011.
Pero el documento fijaba un presupuesto global de 20 millones de euros para la urbanización, un coste al que los empresarios no podían hacer frente. Así, el plan inicial diseñado sobre un área de 600.000 metros cuadrados fue modificado para realizarlo en dos partes.
En el último lustro, las dificultades económicas ralentizaron también las negociaciones para hacer efectivos los cambios necesarios. Hace tan solo un año que estas se recuperaron para dar vía libre a una demanda histórica de Gondomar. La voluntad de todos los afectados y la incorporación de Zona Franca al plan han contribuido a agilizar el proceso administrativo que culmina hoy, a diez días de las elecciones autonómicas.
