El Porriño Industrial no desaparecerá. Ya se puede decir alto, claro y con cifras. Concretamente las que figuran en un convenio que en la mañana de ayer rubricaron la alcaldesa del municipio, Eva García de la Torre, y el actual presidente de la entidad, Miguel Laso, y en el que se compromete una subvención municipal para este año de 90.000 euros, de los cuales, tal y como adelantó FARO, el 80 por ciento será entregado de manera inmediata y el 20 por ciento restante en el mes de diciembre, una vez el club justifique cada uno de los gastos efectuados.

Con la estampa de ayer ambas partes consiguen quitarse un largo peso de encima, que ha durado casi un año y que ha estado marcado por una tensión por momentos cortante, en el que la salida administrativa a un engaño efectuado por parte de algunos responsables de la anterior directiva del club parecía empantanarse cada vez más.

Más allá de la valoración de la gestión económica del club realizada a lo largo de las últimas temporadas, la madre del cordero ha estado, durante casi todos estos meses, en la falsificación de diversas facturas para intentar justificar una parte de la subvención municipal concedida para el pasado año 2015, cuyo importe ascendía a 31.000 euros.

Se trata de un acto que, además de estar tipificado como grave dentro del código penal y en torno al cual existe un procedimiento judicial abierto, imposibilitaba, por imperativo legal, la concesión de ninguna otra ayuda pública hasta que la anterior no fuera debidamente justificada, teniendo el club la obligación de efectuar el reintegro del dinero que había sido defraudado antes de realizar cualquier tipo de trámite para poner en marcha la concesión de una nueva subvención.

Otro problema añadido residía en la posibilidad de que el club fuera sancionado por parte del Concello, recomendación que llegó a realizar la actual responsable del departamento de Intervención a través de un informe, cuya revisión pidió después la propia regidora, Eva García de la Torre, al entender que la colaboración de los actuales responsables del club debía ser tenida en cuenta, lo cual entendía que suponía "un acto de buena fe, principio básico recogido en Derecho", y porque además alegaba que la propia interventora desconocía esta información en el momento de elaborar el informe.

Finalmente, el club ingresaba el pasado mes de agosto el dinero defraudado en las arcas municipales y este reintegro permitía abrir el expediente de una nueva subvención de 90.000 euros que ayer se firmó.

Un sello que la alcaldesa llevaba tiempo esperando debido a la presión recibida por diferentes frentes a lo largo de su primer año de mandato en relación con este asunto y que fue uno de los que más polémica suscitó en el pleno extraordinario convocado el pasado mes de julio a petición del BNG para tratar, entre otras cuestiones, el estado de tramitación del expediente relativo a la subvención del Porriño Industrial.

Quizá por ello, la primera edil porriñesa quisiera describir la rúbrica del acuerdo con estas palabras: "la firma de este convenio deja a la vista de todas las vecinas y vecinos las mentiras de aquellos que nos acusaban de querer acabar con el Porriño Industrial, hoy queda demostrado que era todo lo contrario y que éramos nosotros los que sí queríamos, de verdad, la continuidad de este club con 80 años de historia".