"La orden de desahucio me la comunicaron el 17 de junio y desde entonces he intentado encontrar una solución acudiendo a diferentes administraciones, pero ya estamos a falta de una semana y todavía no sé nada, por lo que me veo en la calle". Son palabras de M.J.R., vecina de Porriño que afronta una orden de desahucio inminente: el próximo 8 de septiembre a las 10.00 horas. Será el momento en el que, salvo sorpresa, esta madre y su hijo de 8 años tendrán que abandonar el piso en el que han estado viviendo durante el último año por impago de alquiler. "Estuve varios años cobrando la Renta Activa de Inserción por violencia de género (RAI), pero en la última actualización el pago se produjo de manera diferente a las anteriores, percibiendo menos de los 426 euros mensuales que normalmente ingresaba e impidiéndome hacer frente al pago del alquiler de la vivienda durante tres meses".

M.J.R. relata que esta situación provocó que el arrendador "decidiera presentar demanda de desahucio y desde entonces me he puesto en contacto con varias administraciones, porque además de perder mi casa también se me acaba la prestación del RAI, por lo que me quedo sin ingresos". Esta vecina porriñesa asegura que "la Xunta me ha concedido un bono de alquiler social de 175 euros al mes, pero no me informan de la posibilidad de acceso a ninguna vivienda social". En lo que se refiere al Concello, reconoce haber tenido una reunión ayer mismo con la alcaldesa, Eva García de la Torre, "pero me ha dicho que en Porriño no hay vivienda social y que es difícil gestionarlo a través de una entidad bancaria por tratarse de un alquiler y no de una hipoteca".

La afectada afirma que en el encuentro se comentó la posibilidad de que "el consistorio actúe como mediador con otros concellos que sí tengan este tipo de pisos, pero quedó un poco en el aire".

Valedor do Pobo

Mientras tanto, y a falta de seis días para que la policía llame a su puerta, esta mujer de 49 años deposita todas sus esperanzas en el Valedor do Pobo. "Está tramitando el expediente y es el único organismo que, ahora mismo, creo que me puede ayudar a buscar una salida para que mi hijo pequeño y yo podamos vivir con un mínimo de dignidad", afirma.

M.J.R. también lamenta que la justicia no sea más diligente a la hora de "reclamar los 20.000 euros que me debe el padre de mi hijo por la manutención del mismo, la cual lleva sin pagar durante años a pesar de que en su momento un juzgado dictó sentencia en este sentido". La que tristemente es protagonista de esta historia también confirma que "ya he solicitado la Renta de Inclusión Social de Galicia (RISGA), pero su tramitación requiere de varios meses y ahora mismo necesito de manera urgente algún ingreso".

La búsqueda de trabajo asegura que "no da sus frutos a pesar de llevar mucho tiempo dejando currículums en muchos sitios; he llegado a tener algunas entrevistas últimamente pero no he conseguido los puestos a los que aspiraba, por lo que ahora me veo en una situación límite y con la necesidad de reclamar el derecho a una vivienda digna", concluye esta vecina porriñesa, que encara una de las semanas más importantes de su vida.