Las máquinas volvieron a trabajar ayer en la parcela de As Garzas para sorpresa de los vecinos, cuya movilización desembocó el pasado diciembre en una orden municipal de paralización de las obras del polémico bombeo iniciadas por Augas de Galicia. Aunque la presencia de una grúa de gran tamaño y un camión hicieron temer a los residentes una reanudación de los trabajos, finalmente el Concello pudo confirmar que el despliegue correspondía al desmantelamiento de las estructuras instaladas de forma previa.

Estos movimientos en el terreno se producen cuando se cumple poco más de un mes desde que la Xunta recurriese en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Vigo la resolución del concejal de Urbanismo y teniente de alcalde, Antonio Araúxo, que ordenó paralizar las obras por carecer supuestamente de licencia.

El edil anunció ayer que el Concello remitirá mañana una contestación al juzgado en la que defenderá de nuevo las razones que dieron lugar a la suspensión de los trabajos, entre ellas que "se intentaban acometer en una zona urbana calificada como zona verde incompartible con los usos que se le pretendían dar", indicó Araúxo.

El concejal también señaló, en relación al desmantelamiento de la obra, que el Concello elaborará los informes correspondientes para dejar constancia documental de los trabajos realizados ante la posibilidad de que la Xunta "pretenda cargar también su coste al Ayuntamiento".

De ser así, este importe se sumaría a los tres millones de euros que ya le reclama la Administración autonómica, que en su demanda judicial achaca a la paralización de la obra del bombeo la pérdida de una subvención de la Unión Europea de 1,8 millones de euros y de 1,3 millones ya abonados por Augas de Galicia por las obras ya realizadas. El Ejecutivo gallego, que deja en manos del juez el importe de la compensación económica, incluye también los 1,7 millones pendientes de ejecutar del proyecto de saneamiento integral del municipio y las posibles indemnizaciones de la firma contratista.

En su recurso, la Xunta considera "nula de pleno derecho" la orden de paralización de las obras, adjudicadas en noviembre de 2011 para renovar los colectores principales del municipio e instalar en As Garzas un tanque de tormentas -convertido después en estación de bombeo- que evitase los desbordamientos de la depuradora y la contaminación al río Miñor y la marisma de A Foz. Considera que el proyecto no necesita autorización municipal y recuerda, además, que fue aprobado por el pleno.