El mismo juzgado que se encarga del recurso contra la paralización del saneamiento ha dado ya la razón a la Xunta en su último pleito contra el Concello de Gondomar. Una sentencia emitida a principios de este año condenaba al Ayuntamiento a pagar de 500.000 euros a Augas de Galicia por incumplir su parte en un convenio firmado en 2005 para la instalación de redes de saneamiento en diversas parroquias.

El alcalde, Paco Ferreira, retomará las negociaciones con el organismo autonómico en septiembre para establecer un plazo de pagos "o menos lesivo posible para as arcas municipais". Incialmente plantea abonar 50.000 euros anuales durante diez años.