Los grupos municipales del Partido Popular y del Partido Socialista en la corporación local de Salceda de Caselas votaron en contra y, en consecuencia, impidieron la aprobación plenaria de los presupuestos que el ejecutivo, formado por Movemento Salceda, ha diseñado para este año 2016, los cuales prevén un gasto de 4,1 millones de euros y unos ingresos de 4,5 esperando obtener un superávit al final del ejercicio de 465.000 euros. El documento rechazado, defendido durante la sesión por el edil de Economía José Luis González, cuenta con partidas económicas que recogen, entre otros gastos, el reconocimiento extrajudicial de crédito de 640.000 euros para pago a proveedores, 127.000 euros para asumir el tercer pago de las expropiaciones del Parque Raíña Aragonta, o 92.000 euros para subvenciones destinadas a entidades deportivas, culturales y educativas. Se trata de un texto que también contempla una partida superior a los 270.000 euros para inversiones, otra de 254.000 euros para seguir amortizando la deuda municipal (el gobierno espera que ronde los 915.000 euros a final de año), casi 2 millones destinados a la cobertura de diferentes servicios y más de 1,4 millones previstos para el gasto de personal municipal del consistorio salcediense.

Falta de negociación

PP y PSOE coinciden en señalar la falta de diálogo por parte del gobierno a la hora de elaborar el presupuesto. El Partido Popular lamenta "que al mismo tiempo que se nos llama para escuchar nuestras propuestas se convoque la comisión informativa previa al pleno". Santiago Rodríguez, portavoz popular en la cámara, reclama aumentos en "algunas partidas culturales, la creación de una partida específica para ayudar a deportistas individuales de alto nivel y la reducción de gasto en cuestiones relativas a la publicidad y la representación protocolaria". Mientras, el PSOE, a través de su vocera, Verónica Tourón, tilda al gobierno de "antidemocrático" y argumenta que "votamos en contra una vez que no salieron adelante ninguna de las propuestas que presentamos. El alcalde impone unos presupuestos sin contar con la oposición". Ambos grupos volvieron a pedir la retirada del reconocimiento extrajudicial de crédito, pero esta vez Marcos Besada obligó a su votación, siendo entonces rechazado por las dos formaciones.

González confirma que "hoy el ejecutivo decide si aprueba el documento en Junta de Gobierno Local", algo legalmente permitido al contar con presupuesto prorrogado y tras haber sido rechazado una vez por el pleno de la corporación.