La asociación de vecinos de O Conde, en Soutomaior, ha solicitado en los juzgados de Vigo la ejecución de la sentencia dictada hace siete años por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por la que se anularon los acuerdos de la comisión de gobierno de Soutomaior por los que se concedieron en 2001 las licencias para tres edificios de viviendas denunciados en el barrio de O Conde, en el casco urbano de Arcade.
El colectivo vecinal considera que los siete años transcurridos suponen un tiempo "más que suficiente" para cumplir con la resolución judicial que establece que los tres edificios denunciados infringen el retranqueo en la calle Calacual, por lo que en caso de continuar demorando el proceso presentarán una queja en el Consejo General del Poder Judicial.
Además, los afectados de O Conde tampoco están de acuerdo con la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que fue aprobado de manera inicial el pasado mes de febrero para evitar tener que adaptarlo a la nueva Lei do Solo, y se encuentra ahora a la espera de recibir el visto bueno definitivo de la Xunta. En este sentido, la asociación de vecinos advierte que van a hacer respetar la sentencia que establece una anchura de ocho metros para este vial como marcan las Normas Subsidiarias , y demandan que se proceda a la reposición de la legalidad urbanística en la zona puesto que la calle, en la actualidad, no alcanza ni siquiera los tres metros en varios puntos. "En caso de que esto no se contemple en el PXOM presentaremos un recurso por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Xustiza", asegura el portavoz del colectivo, Carlos Míguez.
Largo proceso
El conflicto urbanístico del barrio de O Conde originó un largo proceso judicial que comenzó en 2003. Tras siete años de lucha en los tribunales se llegó a la última instancia, una sentencia del TSXG que dio la razón a los vecinos y determinó la anulación de los acuerdos de la comisión de gobierno de Soutomaior del año 2001 por los que se concedieron las licencias para los tres edificios de viviendas denunciados en O Conde. Para demorar más el proceso, el Concello presentó un recurso de casación, que también fue desestimado y se le impusieron las costas del proceso.
El colectivo vecinal siempre advirtió que no se mantenían los ocho metros de anchura de la calle Calacual, situada en la parte trasera de los edificios, como contemplaban las normas subsidiarias por las que se regía el municipio. A pesar de las protestas de los residentes de la zona el gobierno local permitió la ejecución de las obras, dejando la vía de paso hipotecada a una calzada de cuatro metros de ancho, lo que obligó al colectivo de afectados a iniciar un proceso judicial en marzo de 2003 que finalmente se resolvió a su favor.
Los vecinos aseguran que esa actuación les ha causado un importante perjuicio, ya que afecta a la deficiencia de los servicios en la zona, e incluso se incumple con la normativa de seguridad ya que en caso de emergencia no podría acceder un camión de bomberos o una ambulancia por la zona.
Los residentes del barrio reprochan a los responsables municipales de no atender las reclamaciones administrativas presentadas en su momento. "Se pusieron del lado de los constructores en vez de apoyar a los vecinos", lamenta Míguez.
El colectivo vecinal ha pedido al Concello en los últimos dos años, hasta en cuatro ocasiones, que se cumpla con la sentencia.
