VAL MIÑOR

La gasolinera de Vincios reclama 4,5 millones al Concello y a la Xunta tras un año de cierre

Su propietario alude a los daños y perjuicios del cese de actividad, ocasionados por la anulación judicial de las licencias concedidas por ambas administraciones y la orden de derribo

13.05.2016 | 02:40
La estación de servicio de Vincios, utilizada en la actualidad como aparcamiento. // Marta G. Brea

La estación de servicio de Vincios cumple un año cerrada al público a causa de una sentencia del Tribunal Supremo que anuló en 2013 sus licencias y ordenó su demolición en firme. Tras perder contra otra empresa del sector una batalla de dieciséis años en los tribunales, la compañía, Combustibles del Noroeste S.A., abre un nuevo frente contra las administraciones local y autonómica, a las que responsabiliza de amparar con los permisos tanto la construcción como el desarrollo del negocio. Así, reclama al Concello de Gondomar y a la Consellería de Infraestructuras e Vivenda un total de 4.558.236,26 euros por las pérdidas ocasionadas por el cese de actividad y los gastos jurídicos y técnicos derivados del proceso.

El dueño de la gasolinera, Manuel González Alonso, presentó el pasado 14 de abril un escrito dirigido al Ayuntamiento y a la Xunta en el que formula la reclamación patrimonial administrativa a ambas instituciones de forma solidaria. Recuerda que autorizaron en su día el establecimiento y les exige la indemnización "por los daños y perjuicios ocasionados" por la clausura. El texto señala que el Concello de Gondomar otorgó la licencia provisional de instalación y legalización del establecimiento en 1997 y el permiso definitivo de actividad en 1998. Lo hizo después de que, en 1996, la entonces Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda concediese la autorización para construir la gasolinera, según indica.

Desde entonces, alega, la estación de servicio funcionó sin que ninguna de las dos administraciones "manifestase oposición ni cuestionase la legalidad". Fueron los juzgados los que abrieron la investigación a raíz de la denuncia de la empresa Sertuy en 1997 por incumplir la normativa de ubicación de este tipo de negocios, ya que deben instalarse a más de 150 metros de cruces de carreteras autonómicas o nacionales, por carecer de los 2.000 metros cuadrados para edificar y por desviar el curso del río Zamáns para ampliar su parcela.

Culminada la guerra en los tribunales con el fallo irrevocable del Supremo en contra, González Alonso trata de recuperarse de la "lesión patrimonial" sufrida a causa "del funcionamiento de los servicios públicos", sin haber incurrido "en dolo o negligencia grave" que provocasen la anulación de sus permisos. Asegura que confió "en que la actividad estaba amparada" por los mismos.

El empresario aporta un informe económico que fija en 4.160.800,11 euros la valoración de bienes y pérdidas. Suma otros 370.585,71 por los costes de la construcción, así como 16.980 por los gastos jurídicos. Añade además 5.099,66 euros por la tramitación del ERE extintivo tras el cierre del negocio y otros 4.770,78 por la pérdida de existencias que no pudieron ser comercializadas.

Los 4,5 millones que reclama González se incrementarán en el futuro, según advierte, con los gastos de la demolición, de imposible cuantificación hasta que esta se produzca.

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