La Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta (APLU) "non vai acometer ningunha demolición en Morgadáns mentres non se pechen os trámites dos expedientes". Así lo aseguró ayer su director, José Antonio Cerdeira, tras recibir en Santiago al concejal de Urbanismo de Gondomar, Antonio Araúxo, para abordar la situación de las siete edificaciones con orden de derribo en la parroquia, concretamente seis viviendas y el local de la comisión de fiestas de Prado. El dirigente autonómico recalcó al edil que todos los procedimientos abiertos admiten todavía recursos administrativos y judiciales, por lo que Concello y afectados dispondrán de tiempo para adaptarlos a la legalidad.

Trámites que serán posibles, según indicó el concejal, a través de la delimitación de núcleos en marcha y del PXOM, "motivo polo cal é máis necesario que nunca o seu debate, exposición pública e aprobación inicial".

Cerdeira recordó a Araúxo que no todos los expedientes corresponden a viviendas de familias con escasos recursos, "xa que hai algúns relativos a segundas residencias, casas en construcción paralizadas ou prefabricadas". En cualquier caso, el edil insistió en que sus propietarios "non son infractores nin especuladores", sino personas atrapadas por la precariedad urbanística que sufre Gondomar desde que el Supremo anuló el PXOM en 2005.

Niega "persecución política"

Desmintió el director de la APLU la "persecución política" que denunciaba el edil desde el cambio de gobierno local. Aseguró que la última inspección de oficio de la Axencia se produjo en el último trimestre de 2014, durante el anterior mandato del PP. Desde entonces, subrayó, las únicas visitas de subinspectores al municipio se realizaron para informar sobre expedientes con denuncias previas presentadas por el propio Ayuntamiento, "que suman máis do 90% dos casos abertos pola APLU nese concello", destacó. Cerdeira se refirió en concreto a la edificación de la comisión de fiestas de Prado, cuya investigación se abrió, recalcó, a requerimiento municipal. Indicó asimismo que los propios vecinos reconocieron haber construido sin licencia junto a una capilla protegida patrimonialmente y mostraron su intención de demoler.

A este respecto, Araúxo señaló que el Concello no ha tomado medidas de oficio contra nadie, sino que ha abierto expedientes a raíz de denuncias particulares y posteriormente los ha trasladado al organismo autonómico, como ordena la normativa por tratarse del que ostenta las competencias en suelo rústico.

Reunión con los afectados

Tras la reunión en Santiago, el edil convocará esta semana a los afectados por las órdenes de derribo para explicarles los trámites que deben realizar para iniciar el proceso de legalización.

Araúxo comparecerá también en el pleno previsto este jueves a las 20.00 a petición de Gondomar Concello Aberto (CABE), que le reclama explicaciones sobre la situación de los expedientes, sus gestiones al respecto y acerca de la tramitación de abogados de oficio que el edil anunció para los perjudicados.