VAL MIÑOR

Archivada la causa contra Alberto Valverde por prevaricación en el contrato de la grúa

La juez considera que "no hay indicios racionales de la perpetración de un delito", aunque sí aprecia irregularidades en la tramitación de la externalización del servicio

30.01.2016 | 02:09
El exalcalde Alberto Valverde. // FdV

El anterior alcalde de Nigrán, el popular Alberto Valverde, queda liberado de la imputación por presunta prevaricación administrativa. La titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Vigo ha resuelto el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta en relación a la contratación del servicio de grúa municipal porque considera que "no hay indicios racionales de la perpetración de un delito". La decisión judicial exime también de sentarse en el banquillo al funcionario investigado en el caso, el jefe del departamento de Contratación del Ayuntamiento, Álvaro Reinaldo Soto.

El auto judicial cierra las diligencias abiertas a raíz de una denuncia de la Fiscalía, interpuesta el pasado 25 de mayo atendiendo a la demanda del concejal portavoz de Unión Centrista de Nigrán, Antonio Fernández Comesaña.

La comisión de un delito de prevaricación requiere de varias condiciones, según señala la juez en su resolución. Los sujetos investigados deben ser autoridades o funcionarios públicos con poder decisorio, cualidad que no reúne Álvaro Reinaldo Soto. Las decisiones que se analizan deben ser arbitrarias y contrarias a la normativa y, además, deben tomarse "a sabiendas" de su injusticia.

El fallo expresa que en este caso no se dan todos esos requisitos. Sí aprecia "irregularidades administrativas" en el proceso, pero señala que "no tienen la relevancia penalmente suficiente para constituir un delito de prevaricación administrativa".

Fraccionamiento

El ministerio público consideraba que Valverde y el funcionario habían infringido la ley de contratos del sector público al fraccionar el contrato y evitar ofertarlo a través de un concurso abierto. El exregidor adjudicó el servicio a una empresa de Baiona dos veces. La primera en septiembre de 2012 por un año y por 17.990 euros, 10 menos que los 18.000 que fija la normativa para considerarlo objeto de licitación pública. Lo hizo tras solicitar ofertas a varias firmas, que planteaban un importe por los enganches de lunes a sábado de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00, con los servicios extra aparte. Finalmente, esas retiradas de coches fuera de horario superaron los 6.000 euros el primer año, por lo que la Fiscalía afirmaba que el importe total del servicio superaba los límites que obligan a licitarlo públicamente. Un año después, el exalcalde volvió a adjudicar la prestación a la misma empresa por tres meses y 6.348 euros, el mismo precio mensual.

La juez señala, en este sentido, que "se han podido apreciar ciertas irregularidades en el procedimiento administrativo elegido, tales como son la utilización del contrato menor cuando procedían otras modalidades más adecuadas al tratarse de la prestación de un servicio de cierta continuidad, como el procedimiento abierto o negociado".

No obstante, entiende que Valverde acudió esta vía ante la necesidad de contratar un conductor para la grúa, dado que no existía personal exclusivo en el Concello que pudiera dedicarse a esta función. En aquel momento, el Gobierno central había prohibido a los ayuntamientos reponer o contratar personal para garantizar la estabilidad presupuestaria, así que la juez señala que se optó por estos contratos "para garantizar la efectividad del servicio". Esta circunstancia motivó asimismo, dice el auto, las sucesivas prórrogas "como un medio transitorio y puntual, hasta poder efectuar una contratación de mayor estabilidad o continuada".

Ahorro a las arcas municipales

Apunta asimismo la magistrada a "la evidencia de que esta modalidad de contratación supuso un ahorro para el Ayuntamiento respecto del modelo seguido con anterioridad", por lo que "la conducta de Alberto Valverde no constituye un incumplimiento grosero, absoluto, patente y manifiesto de la ley, como se exige para que su conducta sea penalmente relevante, sin perjuicio de las consecuencias que tal incorrección se puedan producir en otras jurisdicciones".

El actual gobierno local, del PSOE, ha tratado de sacar a concurso el servicio de grúa sin éxito en dos ocasiones, por lo que ha optado finalmente por la contratación de personal específico a través de una subvención de la Diputación.

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