La legalización del parque empresarial de A Pasaxe, en Vincios, entra en su fase definitiva. Tras décadas de incertidumbre sobre su futuro y largas negociaciones entre las partes implicadas, la Xunta anunció ayer el inicio del trámite de información pública del proyecto sectorial del polígono, un documento que guiará la ansiada urbanización del polígono, que sacará de la alegalidad a las 180 empresas implantadas en la zona y ofrecerá garantías jurídicas a las que deseen implantarse en el futuro.

Según explicó ayer la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Ethel Vázquez, arranca una cuenta atrás de "cinco o seis meses" que concluirá con la aprobación definitiva del documento, consensuado tras largas negociaciones por la Administración autonómica, los empresarios, el Concello, la comunidad de montes y el Consorcio de Zona Franca, interesado en el desarrollo de nuevo suelo industrial en la zona.

Se trata, indicó Vázquez, de dar "seguridad jurídica y garantías para seguir creando empleo y riqueza" a un "importante polo empresarial" del área viguesa, que da trabajo a más de 3.000 personas y alcanza "una facturación anual de alrededor de 400 millones de euros", destacó.

Así lo avanzó la conselleira en una reunión en la delegación de la Xunta en Vigo con representantes de la Asociación de Empresarios de A Pasaxe, que se mostraron confiados en que este sea el "paso definitivo" para resolver la compleja situación urbanística del asentamiento industrial. Su presidente, Javier Díaz, se mostró "satisfecho" de haber alcanzado un documento "consensuado" y, tras el encuentro con Vázquez -solicitado por los propios empresarios-, dijo confiar en que los trámites que restan "se lleven a cabo sin problemas".

Con la exposición pública se abre un plazo de alegaciones de un mes que debería resolverse sin dificultad, dado que todos los agentes implicados están de acuerdo a priori con el documento.

El proyecto sectorial tiene ya cuatro años. El Ejecutivo autonómico lo aprobó entonces estimando un presupuesto global de 20 millones de euros, un coste al que los empresarios no podían hacer frente. Así, el plan inicial diseñado sobre un área de 600.000 metros cuadrados fue modificado y se desarrollará en dos fases diferenciadas.

La primera engloba el área donde ya se encuentran implantadas la mayoría de las empresas, que ocupan una superficie de 280.000 m2. Esta fase será gestionada por los titulares de los terrenos y el Ayuntamiento de Gondomar que aportará 300.000 euros para la mejora de servicios básicos, viales y suministros.

De la segunda fase, correspondiente a las parcelas vacías o con naves dispersas (320.000 m2), se encargará Zona Franca mediante una expropiación parcial en la que el Consorcio se quedaría únicamente con los terrenos de aquellos propietarios no interesados en participar en el proceso. Los que sí aporten las cantidades necesarias para ejecutar los trabajos -78 euros/m2- mantendrán la titularidad de los suyos. En todo caso, el ente estatal tramitará el desarrollo de las obras de forma conjunta.

Los terrenos de esta segunda fase "están vendido y hay más de 20 empresas en lista espera", recordó Javier Díaz, presidente de la Asociación de A Pasaxe, que anunció que la entidad empezará a negociar ya con Zona Franca la ampliación prevista.

El alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira, que el miércoles lamentó no haber sido invitado al encuentro de ayer, recordó que la legalización de A Pasaxe "siempre ha sido la máxima prioridad" de su gobierno. El regidor celebra el consenso alcanzado "olvidándose de partidismos" para dar cobertura a un polígono que, cree, "será el motor económico" del Val Miñor.