El Concello de Nigrán podría recibir una nueva inyección económica de 4,69 millones de euros por parte del Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Es exactamente la mitad de los 9,38 millones que el organismo se había comprometido a abonar por el 10% del aprovechamiento de los terrenos del parque empresarial Porto do Molle cuando ambas partes firmaron el convenio urbanístico, en 2009. El 50% se lo ingresó poco después de dicho acuerdo, pero faltaba la otra parte. El Ayuntamiento se la reclamó en 2013 y el ente estatal recurrió a los juzgados para evitar el pago. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) da la razón a la Administración local, defendida por el abogado vigués Juan Yarza Urquiza, en una sentencia notificada ayer.
Zona Franca abonó la primera mitad de la cantidad convenida en los meses posteriores al convenio urbanístico. Aquellos ingresos sirvieron al Concello para realizar inversiones como la construcción del nuevo edificio de la casa consistorial y el auditorio, la recuperación del sendero fluvial del río Muíños o la reforma de la Subida a San Roque, en Camos, entre otros proyectos relacionados con el desarrollo del polígono.
Ventajas para empresas locales
El restante 50% quedaba sujeto a acciones por parte del Consorcio que permitiesen abaratar los costes de las parcelas para favorecer la instalación de empresas del municipio. En mayo de 2013, el gobierno municipal presidido por el exalcalde popular Alberto Valverde consideró que el organismo estatal no había cumplido con esta parte y decidió reclamar el ingreso de los 4,69 millones pendientes al organismo estatal. Así lo explica Alberto García, concejal de Economía y Hacienda del PP por aquel entonces. "Consideramos que el polígono debía suponer una oportunidad para el desarrollo económico de Nigrán y revertir el esfuerzo de tantos vecinos en el propio municipio. Como no estaba siendo así, tomamos la decisión de reclamar a Zona Franca la cantidad comprometida en el convenio", apunta.
El fallo corrobora los argumentos del letrado Juan Yarza, que consideraba nulo el recurso del consorcio al presentarse fuera de plazo. El Concello requirió el pago en mayo de 2013 y el consorcio lo recurrió en los tribunales en noviembre de ese mismo año, mucho después de los dos meses establecidos por la normativa para este tipo de procedimientos.
La sentencia no es firme. Zona Franca dispone de la posibilidad de presentar un recurso de casación en el plazo de diez días.
