La Guardia Civil constata la existencia de un delito "ilícito penal" en el servicio de grúa municipal de Ponteareas detectado previamente por el actual gobierno local e informado a este cuerpo de seguridad. La Benemérita acaba de comunicar al Concello la remisión al juzgado de Ponteareas de su informe sobre las diligencias abiertas en el depósito municipal de vehículos.

Las instalaciones en las que se guardaban los vehículos retirados por la grúa municipal ya habían sido precintadas el pasado septiembre por orden de la concejal de Seguridade Cidadá, Vanesa Fernández, toda vez que la investigación interna llevada a cabo por la Policía Local detectó una posible existencia de materiales y vehículos de origen ilícito.

"Confirmada por la Guardia Civil, ahora sólo nos queda esperar por la comunicación procedente de los juzgados para verificar si el depósito municipal de vehículos sirvió durante los años de mandato del anterior gobierno local de almacén de vehículos y materiales de origen ilegal", explicaron ayer a través de un comunicado el alcalde, Xosé Represas, y la edil de Seguridade, Vanesa Fernández.

El ejecutivo ponteareano insiste en que el servicio de grúa municipal se estuvo prestando sin contrato durante los últimos 9 años, ya que este servicio se había adjudicado en 2001 por un período de cinco años, por lo que, teniendo en cuenta que se trata de un contrato de gestión de un servicio público, no puede tener carácter perpetuo e indefinido, debiendo quedar fijadas sus prórrogas y su duración en el pliego de condiciones. Por este motivo, de acuerdo con el informe del asesor jurídico municipal, el servicio de grúa "se vino prestando desde 2006 sin amparo contractual", insiste el gobierno.

Circunstancias especiales

Por su parte, el PP defiende que existe un informe del asesor jurídico que "justifica la prórroga de contrato, por circunstancias especiales, cuando por parte del Concello se está sacando a licitación, una y otra vez, quedando desierto" . Los populares consideran que "está justificada la prórroga porque el Gobierno del PP no dejó de buscar una solución por la vía de la licitación, sacando a concurso dos veces, recurriendo directamente a las empresas de Ponteareas e iniciando un nuevo procedimiento a finales de 2014 que si la señora Fernández quisiera podría retomar, porque ya lleva seis meses hablando del asunto y aún no hizo ningún trámite".