Augas de Galicia y el Concello de Gondomar se verán en los juzgados por la paralización del polémico bombeo. Así lo confirmó ayer el organismo de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que remitió un ultimátum por escrito al Ayuntamiento. O levanta la orden de suspensión de las obras iniciadas para mejorar el saneamiento del municipio, o interpondrá un recurso contencioso administrativo. El gobierno municipal no va a dar marcha atrás en su decisión después de dos años de conflicto, así que todo apunta a que el asunto acabará ante el juez con reclamaciones millonarias de la Xunta al Ayuntamiento.
El ente autonómico parece dar por perdida la obra a poco más de dos semanas de fin de año, fecha límite para completar el proyecto y evitar la pérdida de 1,8 millones de fondos europeos que lo cofinanciaban. Mientras la adjudicataria, la empresa Civisglobal, recogía ayer parte de la maquinaria y materiales de la parcela municipal de As Garzas, Augas de Galicia enviaba al Concello el requerimiento previo a la vía judicial.
A través de este proceso, la Xunta le exigirá la mencionada ayuda comunitaria, además de una indemnización para la constructora. Además de los perjuicios económicos que asegura le causa la postura municipal, Augas tomará medidas judiciales por los daños medioambientales al estuario de A Foz por vertidos contaminantes y por dejar sin saneamiento a una parte de la población.
El Gobierno gallego recuerda en su misiva al Concello que el proyecto fue declarado de interés general, por lo que no necesita licencia, y que el convenio firmado por ambas administraciones en 2010 obligaba al Ayuntamiento a facilitar las autorizaciones precisas. Indica asimismo que la reciente modificación del proyecto está "xustificada e informada" por la asesoría jurídica de la Xunta y se incluye en la solicitud de obras que el Ayuntamiento realizó a la Xunta hace cinco años.
