El exalcalde de Porriño, Nelson Santos, del PP, negó ayer en el Juzgado de Instrucción número 2 de Porriño que hubiese ordenado la retirada de sanciones de tráfico a vecinos de la localidad.
El exregidor es investigado en un proceso en el que también se investiga al exjefe de la Policía Local, Daniel González, y a otras personas de Porriño.
Santos compareció en sede judicial por la mañana y al ser interrogado respondió a la mayoría de las preguntas. Su comparecencia no llegó a los 45 minutos.
En su declaración, según informaron a FARO fuentes jurídicas, dijo que no tenía nada que ver con la retirada de sanciones de tráfico y que durante su etapa de alcalde todos los vecinos pagaban sus multas, incluso el propio alcalde y negó desconocer la retirada de alguna sanción. Para ilustrar su declaración mostró recibos de pago de estas sanciones a su nombre.
El exalcalde fue imputado tras la declaración de un testigo, un vecino que aseguró que tras haber dejado la papeleta de su sanción en el despacho del alcalde nunca más supo de la multa. Supuestamente esa sanción fue atribuida posteriormente a un conductor portugués, que negó ser responsable de los hechos sancionados y aseguró que sus datos fueran usados sin autorización por el anterior jefe de la policía local. Este conductor al ser llamado al juzgado desencadenó nuevas imputaciones al acusar a una tercera persona de querer comprar su silencio con 10.000 euros.
Esa persona -J.C.R.D.- que ayer también fue llamado a declarar como imputado ejerció ante el juzgado su derecho a no declarar.
Nelson Santos había sido llamado inicialmente para el 28 de octubre pero la declaración se postergó hasta ayer.
El juzgado decidió implicar en la causa 243/2015 al propio alcalde porriñés cuando se produjeron los hechos y que hasta entonces permanecía al margen.
Inicio de la causa
La causa se inició tras la petición de la Fiscalía basada en una denuncia de un agente del cuerpo de la Policía Local. Según los hechos, que constan en el sumario, el anterior jefe accidental habría usado datos de un conductor portugués sin conocimiento de este para evitar la retirada de puntos del permiso de circulación a un conductor local.
Los datos del ciudadano portugués fueron recogidos en un control rutinario en el que el jefe accidental habría fotografiado con su móvil el carné de conducir de este conductor, que después usó en favor del conductor local.
El juzgado trata de averiguar si Santos tiene algo que ver con los hechos y fue quien ordenó que se retirase esta sanción y si hubo algún otro hecho similar, o si por lo contrario el jefe de la Policía actuó de motu proprio, siempre que finalmente pueda precisarse que los hechos por los que se abrió el proceso son verosímiles.
J.C.R.D., el ciudadano que ayer se negó a declarar, sería un intermediario que ofreció 10.000 al afectado portugués -de quien se usó la documentación- para que no denunciase ni actuase como testigo. Según consta en autos, el ciudadano luso -que se personó en la causa como acusación particular- grabó la conversación del supuesto mensajero y la aportó como prueba.
En su comparecencia en su día ante el Juzgado como imputado el exjefe de la Policía Local había negado los hechos pero no quiso responder a las preguntas de la acusación particular, según fuentes jurídicas.
Entonces también declararon varios testigos de los hechos, entre ellos el conductor al que supuestamente se le retiraba la multa.
En el proceso figuran una serie de documentos que la Policía Judicial de la Guardia Civil de Tui se llevó en el mes de octubre de la Jefatura de la Policía local, dando curso a una denuncia interpuesta por el anterior jefe por supuestas irregularidades.
