El conflicto entre el Concello de Gondomar y la Xunta por la polémica estación de bombeo de As Garzas no ha hecho más que empezar. Y todo apunta a que acabará en los tribunales después de un mes de tensiones y una subvención europea de 1,8 millones de euros en juego, que se perderá si el proyecto del saneamiento no concluye antes de que finalice el año. El Ayuntamiento notificó a primera hora de la tarde de ayer la orden oficial de paralización de la obra a Augas de Galicia y a la empresa que la lleva a cabo, tal y como había anunciado en pleno la noche anterior. La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio no se quedará de brazos cruzados. Según manifestaba ayer a este diario, el departamento que dirige Beatriz Mato recurrirá la resolución municipal para continuar con los trabajos.
"Utilizaremos todos os recursos lexislativos ao noso alcance para, coa lei na man, chegar ata onde se poda para evitar a paralización e seguir coa obra", recalcaban fuentes de la citada consellería, que rechazan de plano la infracción urbanística "moi grave" que le atribuyen los informes técnicos municipales que avalan la orden de suspensión de los trabajos por construir el pozo de bombeo en zona verde protegida. Consideran las mismas fuentes que "é unha obra legal" y recuerdan que existe un acuerdo plenario de 2010 que aprobaba el proyecto y un convenio firmado entonces con el Concello para llevarlo a cabo.
Prosiguen las obras
De ahí que las obras continuasen durante al menos dos horas después de que la Policía Local acudiese a la zona para entregar la orden de paralización. Habrá que esperar a la próxima semana para comprobar si finalmente la maquinaria prosigue en el terreno público o no.
Finalizar el proyecto de saneamiento es fundamental para la consellería porque, de no hacerlo, se quedaría sin la ayuda europea. No hay tiempo para destinar dichos fondos a cualquier otra obra en el territorio gallego, por lo que la Xunta considera que la decisión del tripartito de Gondomar perjudica a toda Galicia "e terá que asumir a responsabilidade que lle corresponde". Por eso, insiste en que le reclamará esedinero si finalmente se pierde.
Lamenta además el Ejecutivo gallego que el gobierno local "non estea a velar polos intereses veciñais e medioambientais". Por eso insiste en amenazarlo con denuncias y multas por delito ecológico. Argumenta que,al impedir completar la red de saneamiento, el Concello estaría permitiendo la continuidad de los vertidos contaminantes al río Miñor y al estuario de A Foz y, por tanto, obstaculizando la mejora de la calidad de sus aguas.
