El conflicto entre Concello de Gondomar y Xunta en torno a la estación de bombeo que Augas de Galicia pretende construir en As Garzas, en pleno casco urbano de Gondomar y a orillas del río Miñor, está cerca de estallar en la calle. El concejal de Urbanismo, Antonio Araúxo, anunciaba ayer una "cumplida respuesta" de los vecinos si la Administración autonómica insiste en acometer el proyecto, paralizado desde el lunes por orden del gobierno municipal.

Araúxo respondía de este modo a la "amenaza" del director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez Martínez, que advirtió este jueves al Ayuntamiento de multas por un delito medioambiental contra la ría de Vigo al impedir un proyecto que mejoraría el saneamiento y favorecer, con ello, los vertidos al río Miñor y al estuario de A Foz.

El departamento autonómico anunció, en concreto, que reclamará al Concello el coste de las obras, presupuestadas en tres millones de euros y financiadas en parte con fondos europeos que se perderán de no justificar los trabajos antes de fin de año.

El también teniente de alcalde gondomareño defiende que las obras "no van a resolver el problema medioambiental" y cuestiona "qué pasará cuando cualquiera de los bombeos previstos se averíe". Además, lamenta que el Gobierno autonómico "insista en violentar la voluntad del Concello", que, recuerda, ofreció tres alternativas de ubicación "más correctas y de menor coste" para el bombeo. Del mismo modo, dirige una invitación al director de Augas de Galicia para que acuda "a ver in situ el disparate de obra que dice defender" y "haga entrega al Ayuntamiento de una copia del proyecto", una "documentación básica" que mantiene "oculta", afirma el responsable de Urbanismo.

Sobre el acuerdo plenario que dio luz verde al proyecto, Araúxo considera que existen indicios de que fue "cuanto menos irregular y con múltiples carencias", en referencia a que salió adelante sin informes técnicos en 2010, cuando el entonces alcalde, Martín Urgal, y su edil de Urbanismo, Alfonso de Lis, habían apartado de sus funciones a la secretaria municipal y a la técnica de Urbanismo.

Antonio Araúxo reitera que el gobierno municipal ya ha iniciado "todos los trámites y estudios técnicos y jurídicos" para conseguir paralizar definitivamente las obras, así como para "revisar" el acuerdo plenario de 2010.