Los polémicos árboles de la finca del conde de Gondomar siguen en pie un año después de que los vecinos de la urbanización Miñor manifestasen públicamente su temor a una desgracia por el riesgo de desplome. El Concello llegó a ordenar hasta tres veces desde entonces la tala de las ocho acacias en peligro. Pero el aristócrata recurrió a los tribunales para defender la protección del pazo, considerado bien de interés cultural. El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Vigo ha fijado la fecha del juicio para el próximo día 19, aunque podría aplazarse por cuestiones de agenda.
Con los temporales del otoño y la presión vecinal encima, el gobierno municipal defenderá su postura ante el juez. El alcalde, Paco Ferreira, insiste en que las acacias inclinadas hacia el vial que circunda la muralla del pazo deben desaparecer "por risco inminente para as persoas e as cousas", como certifica un informe del arquitecto municipal. El técnico acudirá como testigo a la vista oral junto con la inspectora municipal de obras y un policía municipal que también ha firmado atestados por caída de ramas.
Sus testimonios apoyarán la tesis del Concello, con la que difiere el conde, Gonzalo Fernández de Córdoba y Narváez. Su demanda, con fecha del pasado mayo, trata de suspender la última orden municipal de tala, de abril, porque "implicaría un daño a un bien de interés cultural de carácter irreparable". Alega asimismo que cualquier intervención en la finca requiere de permisos y controles por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta que no existen.
El Ayuntamiento puede actuar
A la espera del juicio, el juez ya se ha pronunciado. Desestimó las medidas cautelares solicitadas por el conde para suspender la resolución del anterior alcalde, el popular Fernando Guitián, que le advertía de multas coercitivas y de la posibilidad de que el Concello ejecutase la corta de forma subsidiaria. El propio magistrado permitía así al Ayuntamiento actuar incluso antes de la vista porque, según su auto de junio, "prevalece el interés público de garantizar las mínimas condiciones de seguridad, no pudiendo descartarse en juicio que el daño irreparable se pudiera producir".
El tripartito estudia esta opción. Paco Ferreira planteará a la junta de gobierno de mañana viernes la necesidad de asumir la tala y preservar la seguridad. Así lo defendió hace ya un año desde la oposición, con una moción que instaba al Concello a afrontar los trabajos y a pasar la factura después al conde. Una propuesta que resultó aprobada y que dio origen a las resoluciones de su antecesor.
