El exalcalde de Ponteareas, el popular Salvador González Solla, descarta renunciar a su acta de concejal. El pleno aprobó el pasado 20 de octubre una petición no vinculante a partir de una moción presentada por el BNG en la que exigía que tanto el exregidor como la exedil de Hacienda, Belén Villar, renunciasen a sus cargos de concejales del Concello de Ponteareas "por su implicación en la Operación Patos." La moción fue aprobada con el voto a favor de todos los grupos salvo el de ACIP, que se abstuvo, y el PP que votó en contra.

Solla explica que según el Ministerio Fiscal, los hechos investigados en Ponteareas, "no tienen conexión jurídica con lo investigado en Vigo". Además, el exalcalde y actual portavoz del PP aclara que "ni tan siquiera estoy imputado" y recuerda que "en otros ayuntamientos como el de Pontevedra, gobernado por el BNG, o el de Vigo, gobernado por el PSOE, ya hay imputados, pero el señor Represas y la señora Garrote, ni dan explicaciones, ni piden las dimisiones de sus compañeros de partido, aunque tan solo fuera por coherencia política", señala.

Solla considera "sorprendente" que el gobierno local de Ponteareas fuera el primero en anunciar la creación de una Comisión de Investigación al respecto, cuando en los ayuntamientos de Vigo y Pontevedra, las rechazaron.

Respecto al caso investigado, el exalcalde asegura que no fue el gobierno municipal del PP quien aprobó la ampliación del contrato de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), "porque no era su competencia", sino que fue el pleno quien la aprobó con la mayoría absoluta de la corporación y con el voto favorable del PSOE y, con todos los informes municipales favorables.

Solla afirma que seguirá colaborando "con todas las actuaciones judiciales que se lleven a cabo en este asunto" e insiste que no dimitirá "no solo porque no estoy imputado, sino porque creo que las cosas se hicieron bien", apunta.

Además, el exregidor acusa al gobierno local de utilizar "distintas varas de medir; una para el gobierno y otra para la oposición", ya que, el ejecutivo tripartito fijó en su acuerdo de gobierno que sus ediles "dimitirán cuando se les abra juicio penal".