El gobierno local propuso en pleno a la corporación municipal instar a la Xunta a asumir la estación de autobuses de Ponteareas de manera irrevocable a partir del 1 de enero de 2016, de modo que si no lo hiciera el Concello dejaría de pagar, desde ese mismo día, los gastos corrientes que genera esta instalación. Esta propuesta no consiguió, durante su debate, el respaldo suficiente para salir adelante por lo que el gobierno optó, tras un receso, por retirarla del orden del día, y en su lugar BNG, PSOE, PP y ACIP pactaron, con la abstención de A Riada do Tea (ARDT) y el voto en contra de Esquerda Unida (EU), un acuerdo que se limita a instar a la Xunta a asumir "de manera inmediata" la gestión de la estación de autobuses, así como a compensar económicamente al Concello de Ponteareas por el déficit generado desde 2011, año en el que caducó el convenio de cesión de la estación de la Xunta al Concello.

El concejal de EU, Lino Costas, que en otras ocasiones sí favoreció la aprobación de las propuestas del gobierno local, anunció que votaría en contra de esta, al entender que "el traspaso de la estación de autobuses a la Xunta supondría su privatización", teniendo en cuenta que como ya hizo en dos ocasiones anteriores, la Xunta pretende adjudicar la explotación de este servicio a una empresa de transportes, si bien hasta ahora no lo hizo porque los concursos convocados quedaron desiertos por la falta de firmas interesadas.

Por su parte, PP y ACIP anunciaron que votarían en contra a la propuesta inicial del gobierno en base al informe presentado del asesor jurídico que, según el portavoz del PP, Salvador G. Solla, "señala que la decisión de dejar de pagar el mantenimiento de la estación de autobuses le corresponde a la junta de gobierno y no al pleno". En este sentido So lla instó al alcalde, Xosé Represas, "a tomar decisiones y a mojarse, y si quiere cerrar la estación de autobuses que la cierre, pero que sea su responsabilidad" apunta.

Por su parte, el portavoz de ACIP, Juan Carlos González Carrera, también rechazó la propuesta inicial del gobierno por considerar que pone en riesgo un servicio para los ciudadanos por lo que propuso al gobierno a garantizarlo y a reclamarle a la Xunta el coste de su mantenimiento incluso si fuese necesario "por vía judicial". La oposición achacó al gobierno local que no presentase un informe de Intervención en el que se acreditase el déficit de la estación de autobuses, ya que mientras el gobierno local lo cifra en casi 200.000 euros en los últimos cuatro años, el PP asegura que son 57.000 euros.

Por otro lado, este pleno inauguró el espacio reservado para la intervención de los ciudadanos. Lo estrenó el presidente de los hosteleros, Isidoro Pino, que abordó una multa de la Policía Local por la colocación de mesas de terraza en una acera.