VAL MIÑOR

Alberto Valverde, imputado por presunta prevaricación al adjudicar la grúa de Nigrán

La juez encausa también al funcionario que supervisó el proceso -La Fiscalía considera que el contrato se fraccionó para evitar ofertar el servicio a través de un concurso público

27.09.2015 | 02:49
Alberto Valverde. // Marta G. Brea

El anterior alcalde de Nigrán, el popular Alberto Valverde, ha quedado al margen de la operación Patos, al determinar su instructora que no existen indicios de que participase en los presuntos amaños de contratos que se le atribuyen al exconcejal popular José Álvarez Valverde y a los otros 50 imputados en la causa, pero mantiene una cuenta pendiente con la justicia. Se enfrenta a una imputación judicial por un supuesto delito de prevaricación administrativa en relación con el contrato de la grúa municipal. Tras cuatro meses de investigación, la titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Vigo ha decidido procesarlo junto con el funcionario del Concello que supervisó la adjudicación del servicio de retirada de vehículos de la vía pública. Así lo confirma el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El otro imputado es Álvaro Reinaldo Soto, jefe del departamento municipal de Contratación. Ambos prestarán declaración ante la magistrada, que trata de esclarecer si hubo irregularidades en el proceso de adjudicación del servicio y en su funcionamiento, como considera la Fiscalía, que interpuso su denuncia el pasado 25 de mayo, atendiendo a la demanda del edil portavoz de Unión Centrista de Nigrán, Antonio Fernández Comesaña.

El fiscal considera que los dos infringieron la ley de contratos del sector público. Afirma que el exalcalde fraccionó el contrato, pese a las advertencias del interventor municipal, para evitar ofertarlo a través de un concurso abierto. Valverde adjudicó el servicio a una empresa de Baiona dos veces. La primera en septiembre de 2012 por un año y por 17.990 euros, 10 menos que los 18.000 que fija la normativa para considerarlo objeto de licitación pública. Lo hizo tras solicitar ofertas a varias empresas, que planteaban un importe por los enganches de lunes a sábado de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00, con los servicios extra aparte. Finalmente, esas retiradas de coches fuera de horario superaron los 6.000 euros el primer año, por lo que la Fiscalía afirma que el importe total del servicio supera los límites establecidos para licitarlo públicamente. Subraya además que dichos servicios se encargaron verbalmente, algo expresamente prohibido por ley en la administración pública.

Un año después, el exalcalde volvió a adjudicar la prestación a la misma empresa por tres meses y 6.348 euros, el mismo precio mensual. Esta segunda concesión supondría una prórroga de la primera, según el fiscal, quien indica que los contratos menores nunca pueden ampliarse.

Desde de enero de 2014, finalizado el contrato, la retirada de vehículos se realiza a demanda. La Policía Local requiere a una empresa y esta factura, sin autorización previa de los gastos. Aquí intervendría el funcionario imputado, según el fiscal, que lo acusa de idear un protocolo interno ilegal para simplificar los contratos del Concello, con un sistema de vales para los de menos de 540 euros que obvia la presentación de presupuesto previo.

Valverde no atendió ayer a las llamadas de este diario. Hace un mes, consultado sobre las diligencias judiciales abiertas por este asunto, manifestaba que no hubo fraccionamiento del contrato, sino dos procedimientos negociados con ofertas de varias empresas, y que el sistema de trabajo que todavía funciona en la actualidad ha logrado rebajar los costes del servicio en un 50% y cuenta con informes favorables.

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