El Concello de Baiona afronta un nuevo contratiempo en la adjudicación de los servicios de saneamiento y abastecimiento de agua, el mayor contrato firmado en su historia. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas lo ha suspendido por segunda vez en cinco meses el pasado viernes. La entidad estatal ha admitido a trámite las alegaciones de FCC Aqualia, una de las cinco firmas postulantes a la concesión, otorgada el pasado mes de agosto por 41,17 millones de euros a Gestagua. Precisamente esta compañía logró con su reclamación que el mismo tribunal revocase la licitación anterior, otorgada por 38 millones en abril a Espina y Delfín, la empresa que se encargado de gestionar el alcantarillado y la traída del municipio durante los últimos 25 años.

Tras iniciar los trámites del concurso hace un año, el Ayuntamiento se vio obligado el pasado julio a repetirlo tras la resolución del tribunal de Hacienda, que apreciaba incumplimientos del pliego de condiciones por parte de Espina y Delfín, pese a contar con la mayor puntuación entre las ofertas presentadas.

En la segunda convocatoria, la mesa de contratación excluyó a la compañía que por el momento presta el servicio y a FCC Aqualia, la peor valorada en base a los criterios técnicos del concurso. Esta firma es la que ha interpuesto ahora el recurso admitido a trámite por el tribunal con el fin de comprobar que la empresa ganadora, Gestagua, cumple con todos los parámetros establecidos y que la tramitación ha sido correcta.

Tres reclamaciones esta vez

Pero su alegación no es la única. Según asegura el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, de las cinco ofertantes, tres han recurrido la adjudicación. Además de FCC Aqualia, han reclamado Viaqua y la UTE Acciona-Espina Obras Hidráulicas. Por tanto, la entidad estatal analizará todas las que admita a trámite antes de emitir una resolución.

La medida cautelar despertó ayer las críticas del grupo municipal del PSOE, cuyo portavoz, Rafael Lores, insistió en la "inseguridade do procede mento" y en la "improvisación e falta de xestión por parte do alcalde e do equipo de goberno". "Unha vez máis os tribunais poñen en cuestión a seguridade xurídica do concurso", dijo el socialista, quien exige de nuevo la paralización del concurso y la municipalización del servicio, "que garantiría a obxectividade das actuacións e posibles rebaixas no recibo da auga".