La polémica por el cierre de la única discoteca de Baiona sigue viva. El Concello ha remitido a Villa Rosa una reiteración del decreto de suspensión temporal de actividad durante 15 días con multa de 1.500 euros por exceso de ruido. Una orden que el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, firmó por primera vez el día 5 de agosto, en relación con un expediente abierto a raíz de una denuncia vecinal durante la Festa da Arribada, y volvió a validar el pasado viernes 28 al considerarla "pendiente de cumplimiento". Pese a ello, el negocio permaneció abierto el fin de semana y su gerente, Ezequiel Simons, prevé continuar con la actividad hoy mismo, después de presentar nuevas alegaciones contra la decisión del regidor, que sus asesores legales consideran "suspensivas".
La Policía Local notificó el viernes la medida y el propietario del establecimiento presentó un escrito en su defensa ante el Concello, como hizo en la anterior ocasión, entendiendo que este trámite le permitía abrir hasta que el Ayuntamiento lo contestase. Pero el regidor sostiene que el requerimiento municipal de cierre provisional está en vigor aun a la espera de que se resuelva el conflicto.
Por ello solicitó informes a los agentes municipales que certifican que la sala permaneció activa durante el fin de semana. La secretaria municipal, explicó Vázquez Almuiña, emitirá una respuesta en las próximas horas al recurso por parte del negocio "teniendo en cuenta esos los atestados policiales", señala el alcalde. Este pronunciamiento marcará las medidas a tomar desde el gobierno municipal, manifiesta el regidor.
Precintada una semana
La discoteca permaneció una semana precintada entre el 7 y el 14 de agosto, en plena temporada alta. Pero no por el exceso de ruido, sino por otro expediente paralelo referido a deficiencias urbanísticas en el inmueble.
Dos días después de decretar inicialmente el cierre temporal y la multa que los dueños desatendieron al presentar su primer recurso, Vázquez Almuiña aludió a dichas irregularidades para ordenar el precinto del local. La gerencia acudió entonces a los juzgados de Vigo para solicitar su levantamiento y un juez requirió poco después informes al Concello al respecto. Tras comprobar los técnicos municipales que los defectos habían sido subsanados por unas obras realizadas en julio, el regidor levantó el sellado de la sala.
Según los cálculos del dueño del establecimiento, siete días de cierre en la primera quincena de agosto supuso 60.000 euros menos de ingresos al negocio. De ahí que Simons estudie reclamar daños y perjuicios al Ayuntamiento.
