El portavoz de Unión Centrista de Nigrán (UCN), Antonio Fernández Comesaña, se enfrenta a una petición fiscal de 9 años de inhabilitación por un supuesto delito de prevaricación. La Fiscalía reclama al juez que lo aparte de la política al considerar que contrató en 2006, durante su etapa en el gobierno bipartito PP-PINN, la redacción del proyecto de rehabilitación de la calle Manuel González Prado, que une los núcleos de Mallón y Areíña, a la firma Alvac. El ministerio público afirma que el edil dio indicaciones a la empresa para que fraccionase los trabajos con el objetivo de eludir la publicidad que requiere la ley de contratos del sector público. El juicio está previsto el próximo día 12 de noviembre, aunque el concejal ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por "indefensión" para suspender el proceso.

Fernández Comesaña, detenido en 2010 por esta causa, ostentaba el cargo de edil delegado de Nuevas Infraestructuras y Servicios Urbanos durante el mandato del exalcalde popular Alfredo Rodríguez, hasta junio de 2006, cuando el entonces regidor lo cesó tras el conflicto del Plan Xeral. Según indica la fiscal en su escrito de acusación, "justo antes de cesar en los cargos citados" y "a sabiendas de que vulneraba el procedimiento legalmente establecido", "encargó verbalmente a Alvac S.A., empresa que escogió unilateralmente, la realización de un proyecto de urbanización" para el citado vial.

Esta compañía emitió 7 facturas que sumaban 63.000 euros, todas ellas por importes menores a 12.000 euros -tres de 10.000, otras tantas de 7.000 y una de 12.000 euros-, firmadas por Fernández Comesaña en 2007, cuando ya no formaba parte del gobierno, e impagadas en la actualidad. Su intención, señala el ministerio público era "dividir el coste total de proyecto e inducir a error sobre su precio, evitando la aplicación de la normativa vigente que exigía la tramitación del expediente de contratación y la publicidad del mismo". La ley de contratación pública considera contratos menores los que no superen los 12.020,34 euros y excluye del concurso público los que no exceden los 30.050,61 euros.

La Fiscalía sostiene asimismo que el edil carecía de competencias para realizar el encargo y que lo hizo unilateralmente, sin comunicárselo a la Alcaldía ni a la comisión de gobierno.

La investigación arrancó en 2010 a raíz de una denuncia de integrantes del gobierno socialista. Inicialmente, fueron imputados el concejal, un ingeniero del Ayuntamiento y otro, ya jubilado, de la Diputación por presuntos delitos de prevaricación y fraude. La Fiscalía retiró después las acusaciones contra los dos técnicos.