Nueve meses de prisión y 5.870 euros de multa. Son las penas que solicita la Fiscalía para el propietario de la antigua perrera ilegal de Vincios, José Carlos Fernández, y para Ignacio de M.B., el veterinario que supuestamente avalaba de manera fraudulenta la adecuación de las instalaciones a la normativa. Se les acusa de dos delitos: uno continuado de falsedad en certificados y otro de falsedad en documento oficial. Ambos se sentarán en el banquillo del Juzgado de lo Penal Número 1 de Vigo el próximo 27 de noviembre.

La vista culmina un proceso puesto en marcha a raíz de una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil sobre la actividad de la perrera entre 2009 y 2012. A lo largo de ese período, se sucedieron diversas denuncias de particulares acerca del abandono de los animales y de las deficiencias sanitarias del servicio, especialmente a través de las redes sociales.

Durante una inspección realizada a principios de 2012, los agentes descubrieron fosas comunes con cadáveres de perros en avanzado estado de descomposición. La Mancomunidade do Val Miñor, que entonces tenía contratado el servicio de recogida de animales abandonados con la empresa Cánidos Val Miñor, propiedad del acusado, rompió sus relaciones con la firma.

Pero la Fiscalía no halló finalmente indicios suficientes para imputar al dueño un delito de maltrato animal. Así que se querelló contra él por falsedad documental, dado que sí observó que la documentación acreditativa del cumplimiento de la normativa sobre control veterinario, estado de las instalaciones y gestión de residuos no se ajustaba a la realidad.

El ministerio público refiere en su escrito de acusación que el veterinario elaboró diversos informes "a petición y de acuerdo" con el titular de la perrera sobre la adecuación del negocio a un programa de higiene y profilaxis, el estado del recinto y de los animales, la realización de controles periódicos higiénico sanitarios y la observación clínica de los canes internados. Los investigadores comprobaron contradicciones en estos documentos y en los listados de eutanasias que aportó el profesional tras una visita de los efectivos del Seprona a su centro veterinario, ubicado en Redondela.

Asimismo, las pesquisas detectaron supuestas incongruencias en las documentos referidos al transporte de los cadáveres de animales. José Carlos Fernández habría encargado este servicio a una empresa y habría aportado certificaciones de control de recogidas que la compañía no habría realizado.

Por el delito continuado de falsedad en certificados, la Fiscalía solicita multas de 3.240 euros para cada uno, a razón de 2 meses con cuota diaria de 9 euros. Y por el de falsedad en documento oficial, reclama los nueve meses de prisión, y multas de 2.430 euros (9 euros diarios durante 9 meses), además de la inhabilitación del titular de la perrera para presentarse a elecciones y la prohibición al veterinario de ejercer su profesión mientras dure la condena.