El juzgado de Porriño rechazó estudiar pagos y contrataciones del Concello porriñés antes de la llegada de Nelson Santos a la alcaldía en el caso en el que está imputado el alcalde, el teniente de alcalde, José Manuel Jacobo y el concejal de empleo, Alejandro Lorenzo, por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, entre otros.
La defensa del regidor pretendía que se llevasen a la causa contratos y pagos desde 2007 a 2009 para justificar que los procedimientos seguidos desde que Santos es el alcalde, son los mismos que se usaban anteriormente.
El juzgado rechazó esta medida al entender que no debe formar parte de esta causa, pues lo que se analiza es la actuación supuestamente irregular del gobierno actual y no la de ningún otro existente en Porriño con anterioridad.
Con todo, el ex alcalde por el BNG, Raúl Francés, esta afectado en un proceso similar abierto de forma diferenciada a la supuesta contratación irregular del ingeniero por la contratación de varias personas.
Fuentes judiciales indicaron que en el momento actual se esta trabajando en las declaraciones de los imputados antes de pedir nuevos medios de prueba y llamar a declarar a testigos.
Por otra parte, el sindicato Confederación Intersindical Galega (CIG) estudia personarse en el caso por las supuestas contrataciones irregulares. La CIG se personaría junto a un grupo de personas demandantes de empleo que estarían perjudicadas por las actuaciones supuestamente ilícitas en la contratación de personal y presunta manipulación de datos en las oficinas de empleo.
El caso contra el alcalde de Porriño analiza supuestos contratos de obras sin cumplir la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas, contratos de personas y pagos de facturas con reparos de intervención.
