Miguel González abandonó su puesto como interventor del Concello de Porriño tras lograr la plaza en comisión de servicios de tesorero de la Diputación Ourense. En la villa del Louro puso más de 400 reparos al alcalde, Nelson Santos, que el regidor levantó para realizar pagos por más de 600.000 euros. Estas actuaciones son parte de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número tres de Porriño por prevaricación administrativa, entre otros delitos, y en la que están imputados el alcalde, al teniente de alcalde, José Manuel Jacobo, y al concejal de empleo, Alejandro Lorenzo.
