El abogado ponteareano Roberto Mera pondrá en conocimiento de la Fiscalía la utilización del asesor jurídico del Concello por parte del alcalde, Salvador González Solla, como letrado de su defensa en dos procesos judiciales en los que está imputado por supuestos delitos de prevaricación.
El anuncio se realiza una semana después de que se conozca la sentencia condenatoria de 7 concejales del PP de Santiago de Compostela por aprobar el pago de la defensa de otro concejal con fondos municipales y tras conocerse la imputación del teniente de alcalde de Corcubión, Manuel Insúa (PSOE) por autorizar el pago de la minuta del abogado del alcalde en un supuesto delito de acoso laboral.
Mera, que en su momento fue un duro líder de la oposición con el BNG en el Concello de Ponteareas, es el abogado de la empresa Ecocelta que presentó una querella criminal contra el alcalde por un supuesto caso de prevaricación al denegar una licencia; a su vez es acusación en otro caso en el que el Juzgado imputó a Solla por no haber hecho cumplir una orden de demolición de obras realizadas en el atrio de la Iglesia de Guillade. En estos dos casos, el alcalde para defenderse nombró al asesor jurídico del Concello de Ponteareas.
El informe que remitirá a la fiscalía busca una investigación de la actuación del alcalde y de la junta de gobierno. El abogado considera delictivo el comportamiento reiterado de Solla y resto de concejales, pues no es solo que se esté haciendo cargo el Ayuntamiento de la asistencia de Solla sino que además, al no contratarse con un abogado externo, no se puede cuantificar el coste y en su caso reclamar la devolución de las cantidades que se gasten. Ya en su momento el exalcalde José Castro y los concejales que fueron condenados en el "caso de los enchufes" acordaron pagar con dinero del Concello su defensa, pero finalmente fueron obligados por los tribunales de justicia a devolver lo que se había pagado.
En este caso, en lugar de contratar con dinero del Ayuntamiento el abogado, se utiliza directamente el letrado municipal por lo que Mera cree que "estamos ante un claro delito de malversación de caudales públicos".
En el caso de Guillade, la junta de gobierno incluso tomó la decisión de designar al asesor jurídico letrado del regidor el pasado mes de abril, después de que un auto del Juzgado, con la postura favorable de la fiscalía, decidiera que el letrado municipal no puede ser el abogado de Solla en esa causa.
La sentencia de Santiago de Compostela y sus fundamentos serían, según Mera, de aplicación a las conductas y decisiones tomadas por Solla y los concejales "por lo que la fiscalía, al igual que actuó en el caso de Santiago, debería actuar en este caso, que es más evidente aún y además más grave por su reiteración y porque lo que se hace es utilizar directamente los medios humanos del Ayuntamiento para fines particulares", afirma Roberto Mera.
