El teniente de alcalde de Porriño, José Manuel Jacobo Vázquez, imputado en un caso por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y por vulnerar el derecho de los trabajadores, negó ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Porriño, Olaya Díez, la existencia de una trama de contratos irregulares en la localidad y aseguró que en muchos casos que no había contratos suscritos.
El número 2 de Nelson Santos, que al salir afirmó ante los medios que "todo salió muy bien" y que "la jueza tiene mucho más claro lo que pasó", prestó declaración por espacio de más de una hora y respondió a numerosas preguntas del fiscal. La edil socialista, Eva García de la Torre, acudió a la declaración como abogada y en representación del PSOE sin formular pregunta alguna.
Durante el interrogatorio, Jacobo dijo conocer a uno de los empresarios de la empresa IMPI que realizó una facturación de más 600.000 euros al Ayuntamiento, en contrataciones cuyo procedimiento no está claro que se ajuste a la legalidad, e incluso reconoció que había sido su socio en una comunidad de bienes para la adquisición de un bajo. Este empresario, Laureano Leirós, manifestó, sin embargo, en su última declaración que no conocía al edil.
Enemistad en el grupo
Pero, según las fuentes consultadas, lo más jugoso de la declaración de José Manuel Jacobo fue cuando desmintió a Manuel Carrera, concejal de Vías y Obras en el mismo gobierno local (PP). Carrera habría afirmado desconocer las obras que se realizaban e incluso ratificaría alguna de las denuncias referentes al uso de personal municipal para obras que, según las denuncias, posteriormente serían facturadas por empresas.
El teniente de alcalde usó varios apelativos descalificativos sobre su compañero de corporación y grupo municipal, y dejó en evidencia el enfrentamiento y la enemistad existente entre miembros del gobierno local de Porriño.
Este enfrentamiento nació tras la colocación, en las últimas elecciones municipales, de José Manuel Jacobo como número dos del gobierno local siendo este un puesto que reclamaba Carrera y al que se consideraba con derecho, por ceder la organización del PP local a favor del grupo de Ciudadanos.
En una anterior declaración, Carrera llegó a acusar a Jacobo de "puentearle" y realizar contrataciones que deberían ser de su departamento a sus espaldas.
El juzgado investiga al alcalde de Porriño, Nelson Santos, al teniente de alcalde, José Manuel Jacobo, y al concejal de empleo, Alejandro Lorenzo. Junto a estos tres ediles, permanecen imputados tres empresarios y un funcionario.
El procedimiento nace de una cadena de denuncias a las que el Ministerio Fiscal dio curso dando origen a una investigación de la policía judicial de la Guardia Civil de Tui.
En el interrogatorio a Jacobo de ayer se trataba de comprobar si existió un trato de favor a IMPI para contratar con el Concello porriñés, tras detectarse que facturó entre 2010 y 2012 un total de 653.446 euros, según el informe remitido por el Interventor a la Policía Judicial y comprobar que muchas facturas fueron pagadas con reparos levantados.
