Sin prisa pero sin pausa. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Pontevedra había dado margen al Concello de Oia para tramitar el derribo del Hotel Balneario Talaso Atlántico, habida cuenta de sus gestiones para invitar a tres empresas a presentar ofertas para redactar el proyecto de demolición. Pero también le exige diligencia, de nuevo bajo amenaza de multas que el alcalde, Alejandro Rodríguez, tendría que asumir con cargo a su patrimonio personal. La titular de la sala ha trasladado una nueva providencia al Ayuntamiento el pasado 23 de mayo, en la que da un plazo de diez días al regidor para informar del estado de la ejecución de la sentencia que pesa sobre el negocio hostelero, con las licencias anuladas.
En caso de que no responda en ese período, la magistrada le advierte de que le impondrá la sanción de 1.500 euros y se las reiterará hasta que cumpla con el fallo judicial.
El mismo juzgado apremió a Rodríguez a cumplir con la orden de derribo el pasado febrero. El alcalde alegó la apertura del proceso administrativo de invitación a empresas para redactar el proyecto de derribo y la juez decidió concederle tiempo.
Las tres firmas presentaron sus propuestas, de 6.000 euros la más barata y 30.000 la más cara. Y fuentes municipales indicaron a mediados del mes pasado que se remitiría la documentación a la sala mientras se evaluaban las ofertas.
El proceso de redacción del proyecto y la posterior licitación de la ejecución del derribo permitirían al Ayuntamiento avanzar en la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal, que buscaría encaje legal al edificio.
