Segundo juicio en apenas cuatro meses contra la exconcejala del PP de Nigrán Ana Rosa Costas Abalde, ya condenada por fraude fiscal y falsedad en documento mercantil en su actividad privada como administradora de la empresa Maderas y Transportes Rafael Costas S.L. La que fue edil de Educación y Personal del equipo de Alberto Valverde hasta su dimisión en noviembre se sienta hoy de nuevo en el banquillo por un supuesto delito de falsificación de certificado por facultativo. La Fiscalía la acusa en esta ocasión de utilizar un documento ficticio para tratar de legalizar en 2005 su aserradero, ubicado en el barrio de A Cruz, en la parroquia de Camos. La planta carece de licencia municipal por supuestas irregularidades urbanísticas.
Costas Abalde afronta una condena de 18 meses de prisión, multas por importe de 427.000 euros y la devolución a la Agencia Tributaria de los 418.655 euros defraudados a lo largo de 2005, ejercicio en el que elaboró nueve facturas falsas para eludir el impuesto de sociedades y el IVA de acuerdo con otro maderista, que le emitía los recibos por entregas de madera o servicios inexistentes con "la finalidad de disminuir la cantidad que le correspondería satisfacer en concepto de impuestos". Así lo indicaba la sentencia del titular del Juzgado de lo Penal Número 2 de Vigo, la misma sala que alberga hoy la vista por presunta falsificación, en la que se encuentra también acusado el ingeniero industrial vigués Alfonso C.C., que elaboró los documentos falsos para solicitar la licencia de la serrería al Concello de Nigrán.
El fiscal solicita para ambos sendas multas de 8.100 euros. Su escrito de acusación refleja que la exconcejala presentó ante el Ayuntamiento un proyecto de legalización de las instalaciones madereras en abril de 2005 al amparo de la reforma de la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia de 2004, que permitía legitimar los aserraderos ubicados en terrenos rústicos con anterioridad, siempre que cumpliesen con determinadas condiciones.
"A sabiendas"
Entre otros documentos, la acusada aportó "a sabiendas de su falta de veracidad", según indica el fiscal, una certificación que acreditaba la antigüedad superior a 6 años de las instalaciones. "Lo cierto era que al menos uno de los edificios no existía en el momento de entrada en vigor de la ley, tal y como se deduce de la inspección técnica realizada por funcionarios del Ayuntamiento de Nigrán en 2004", argumenta el ministerio público. El certificado estaba firmado por el ingeniero, también "a sabiendas de que no concordaba con la realidad", subraya la Fiscalía.
El Concello tramitó el expediente de legalización y emitió un informe inicial favorable que trasladó a la Xunta en 2005, durante el mandato del exalcalde popular Alfredo Rodríguez, junto con la documentación aportada por Costas Abalde, aunque finalmente el Gobierno autonómico no autorizó la empresa.
