Valentín González González, de 63 años de edad, con un 92% de discapacidad desde que hace cuatro sufrió cuatro ictus cerebrales en tres días, padece grandes dificultades de visión y reside en la casa familiar situada en la rúa Baixo Muro, en el casco antiguo de A Guarda, rodeada de escaleras, barreras arquitectónicas que le impiden una movilidad adecuada. Reside en la parte baja de la vivienda que se ha adaptado para su vida diaria.

Lleva pidiendo desde entonces que el Concello de A Guarda ejecute las obras necesarias para eliminar en lo posible las barreras arquitectónicas que le impiden llegar hasta la ambulancia que le lleva a diálisis o a recibir tratamientos. La familia, en colaboración con el grupo político municipal Converxencia Galega, plantea un proyecto de obra redactado por el arquitecto guardés Ignacio Martínez, que el defensor del pueblo "no ve contraindicado". Se trata de una rampa con giro a la izquierda para salvar las escaleras de bajada de la rúa Colón, con un 10% de desnivel. El presupuesto, si se hace con personal municipal, no llega a los 1.000 euros de gasto; si lo realiza una empresa se calcula en unos 3.000 euros.

Se presentó hace un año y medio ante el Concello, que nunca respondió, afirman.

Se optó por la vía judicial y ha conseguido que el Juzgado de los Contencioso Administrativo Número Uno de Pontevedra falle a favor de Valentín González al declarar la "obligación del Concello de A Guarda de adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación por incapacidad física y accesibilidad universal, debiendo para ello elaborar y ejecutar el correspondiente proyecto o programa de accesibilidad o ayuda de acuerdo con la normativa vigente en esta materia". El Concello recurrirá ante el TSXG.