Oia recuperará las competencias urbanísticas cedidas a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta. Así lo aprobó ayer la Corporación con los votos del PP frente a la abstención de la oposición. El alcalde, Alejandro Rodríguez, argumentó su propuesta de dejar el organismo autonómico por su "falta de objetividad". Considera que no actúa contra todos los infractores por igual y citó una ilegalidad en Pedornes en la que no interviene.
El pleno de ayer fue el tercero del Concello que incluía el abandono de la APLU en el orden del día. Protestas de preferentistas y la ausencia de un edil popular impidieron que saliese adelante en las dos sesiones anteriores, en las que el regidor había ofrecido explicaciones distintas a la de ayer. Concretamente, había manifestado que el departamento de la Xunta cargaba de trabajo a los técnicos municipales y que no revertía en las arcas locales el importe de las sanciones.
Finalmente, el Ayuntamiento se hará cargo de los futuros expedientes. Los abiertos al Talaso Atlántico y a Aluminios Silleiro continuarán tramitándose desde la Xunta.
El debate de ayer sirvió al representante del BNG, Miguel Giráldez, para presentar una propuesta de retirada del sueldo municipal al alcalde, que percibe otro de la Diputación. El nacionalista considera una "falta de respeto" a los vecinos que el regidor perciba en total "más de 5.000 euros al mes". Pero los seis ediles del PP rechazaron la moción y ni siquiera el PSOE la apoyó. Sus cuatro concejales se abstuvieron.
