El mecánico del parque móvil municipal de Ponteareas y delegado de personal funcionario en el Concello, José Julio Rodríguez, está suspendido de empleo y sueldo desde el pasado 1 de abril y lo estará hasta junio, tras haber sido resuelto, en Comisión de Gobierno, el expediente disciplinario que se le abrió por "no querer cumplir con el control de puntualidad y presencia impuesto de manera obligatoria desde octubre de 2012", según recoge la resolución.

José Julio Rodríguez asegura que el expediente disciplinario que se le abrió caducó antes de que lo resolvieran. Explica que se inició ese expediente el 23 de septiembre de 2013 y que la resolución del mismo se le notificó el 24 de marzo de 2014, dos días después de que hubiera caducado, el 22 marzo, transcurridos seis meses desde su inicio.

Por este motivo, este funcionario, afiliado de la CIG, presentó un recurso potestativo de reposición contra el acuerdo de suspensión de empleo y sueldo aprobado en Comisión de Gobierno, pero el gobierno ponteareano no lo tuvo en cuenta para paralizar la sanción y la y aplicó igualmente.

Este trabajador asegura que ya denunció esta irregularidad en el juzgado pero, entiende, que "aunque la juez me dé la razón, ya habrá pasado el tiempo y el mal ya estará hecho" señala el mecánico, quien considera que su sanción es una "persecución a la CIG", ya que asegura que en el ayuntamiento otros trabajadores salen y entran sin fichar y el gobierno, aún sabiéndolo, no hace nada.

Además, José Julio explica que él en ningún momento se negó a dar su huella, simplemente exigió que se cumpliera la legalidad y que fuese un funcionario el que recogiese los datos y no un trabajador laboral "ilegal afectado por la sentencia firme de los enchufados".

Según explica este funcionario, la CIG exigió el pasado 30 de diciembre a la Concellería de Personal que le facilitase un listado de todos los trabajadores que sí aportaron su huella dactilar para el sistema de fichaje municipal, pero no se le entregó. Según mantienen, no ficharon 218 trabajadores como asegura la concejala de Personal, Belén Villar.

Respecto al caso del funcionario ya jubilado, Berto Longueira, la CIG aclara que el expediente disciplinario que se le abrió por no facilitar su huella estaba sin resolver cuando se jubiló en enero de 2014.