La titular del Juzgado de Instrucción número tres de Porriño, Olaya Díez, tomará declaración en el próximo mes de mayo al alcalde de Porriño, Nelson Santos, al teniente de alcalde, José Manuel Jacobo, y al concejal de empleo, Alejandro Lorenzo, en relación a las diligencias abiertas por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y por vulnerar el derecho de los trabajadores. El procedimiento nace de una cadena de denuncias a las que el Ministerio Fiscal dio curso.

Según confirmaron ayer a Faro de Vigo fuentes judiciales, a estos tres miembros del gobierno local se une un funcionario del Ayuntamiento, que también deberá declarar en condición de imputado, y tres empresarios que firmaron contratos con el Concello de Porriño.

Aunque algunas de las denuncias fueron presentadas hace un año, el proceso de investigación se alargó en el tiempo, llegando el Juzgado a decretar el secreto del sumario y a ordenar a la Policía Judicial de la Guardia Civil que investigara algunos de los extremos denunciados.

La causa gira en torno a la forma de realización de determinados contratos a empresas e indicios de tratos de favor, así como a pagos efectuados con reparos realizados por el interventor, que alcanzarían una cifra de 300 objeciones para un montante aproximado de cuatro millones de euros. También forman parte del sumario, que supera la docena de tomos, una denuncia sobre el funcionamiento del departamento de empleo y los procesos de selección de personal. El Juzgado, además de tomar declaración a los imputados, deberá analizar toda la documentación que ya obra en su poder.

La juez todavía no ha determinado las responsabilidades de los imputados en la causa y el grado de la supuesta participación en las irregularidades si las hubiese, según informaron las mismas fuentes consultadas por FARO. El avance del caso con las distintas declaraciones y el análisis de los datos posibilitará que puedan fijarse esas imputaciones, que se incorporen a la causa más imputados que ahora no lo están o que incluso desaparezcan algunos a los que ahora se hace referencia.

Supuestos pagos de obras sin estar las mismas totalmente finalizadas y procesos de adjudicación cerrados al parecer para favorecer a empresas son cuestiones que forman parte de las denuncias que abrieron el proceso, aportando documentación del propio ayuntamiento.

Nelson Santos ya declaró en el Juzgado por el caso de la contratación de un ingeniero, por el sistema de asistencia técnica y llegó a reconocer públicamente irregularidades administrativas. En su momento, cuando se conocieron las denuncias, el alcalde afirmó que no había cometido ningún delito y se mostró convencido de la existencia de una trama que buscaba su desprestigio político y su desgaste. Ahora, un año después, prefiere guardar silencio.