El alcalde de Crecente, Julio César García-Luengo Pérez, abandonará su puesto de primer edil de la localidad el próximo día 15 de enero, para cumplir una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que le condena a un año de inhabilitación para ejercicio de empleo o cargo público, por un delito de desobediencia. El regidor deberá abonar también una sanción de unos 1.500 euros a la autoridad judicial.
García-Luengo Pérez se ve abocado a la ejecución de la sentencia tras haber solicitado un indulto al Gobierno de España que no fue concedido, y que, según fuentes cercanas al Concello de Crecente, no le deja más salida que abandonar el puesto.
El regidor de Crecente, del PP, de hecho había pedido la suspensión de la condena mientras se tramitaba el indulto, pero al denegarse esta medida de gracia, hace unos días, deberá dejar la alcaldía y tampoco podrá ejercer de concejal, según informaron a FARO fuentes conocedoras del caso.
Litigio con una vecina
La sentencia que le inhabilita parte de la decisión del regidor de no cumplir una orden del TSXG por la vía Contencioso-Administrativo que ordenaba la demolición de la nave de un secadero de madera en una empresa de la localidad. La empresa maderera, con 18 trabajadores, estaba en litigio con una vecina, que denunció las obras realizadas en 1999 y logró en 2001 una sentencia favorable al derribo, ya que las obras no se ajustaban entonces al planeamiento en vigor en Crecente.
García-Luengo Pérez fue elegido alcalde por vez primera en 2007, cuando el proceso estaba en marcha. Al tener conocimiento del litigio solicitó un informe sobre la posible legalización del secadero de madera que resultó positivo, por lo que decide iniciar los trámites para poder hacerlo.
Paralelamente el litigio administrativo avanza y finalmente el TSXG determina que las obras realizadas deben ser demolidas, pero el Concello, que ya presidía García-Luengo Pérez, no ejecuta la sentencia, ante la posibilidad inminente de legalización y porque la legislación actual obligaba a las empresas madereras a poseer secaderos de madera con lo que la demolición significaría el cierre de la factoría, dejando sin empleo a los 18 trabajadores.
No habiéndose ejecutado la demolición, el Juzgado inicia un proceso por desobediencia contra el regidor que concluye con la sentencia que le condena, al considerar que en la actitud del alcalde hubo una postura clara de desobediencia a la Justicia y le impone un año de inhabilitación para ejercer el cargo. La sentencia no se paraliza a pesar de los distintos recursos y aunque durante el tiempo de instrucción finalmente se legaliza la obra del secadero de madera, siendo el propio TSXG el que sentencia en este sentido, según las fuentes del Ayuntamiento de Crecente a las que tuvo acceso FARO DE VIGO.
Las mismas fuentes indican que García-Luengo Pérez trabaja desde hace semanas en preparar su relevo en la alcaldía, donde el PP gobierna con mayoría absoluta, en medio de la más absoluta discreción al truncarse su objetivo del indulto que contó con más de 3.700 firmas a favor de la medida de gracia, cuya solicitud fue enviada el Gobierno que preside Mariano Rajoy.
