El Consello de la Xunta aprobó ayer un decreto por el que se dispone la expropiación urgente de los bienes y derechos afectados por el proyecto de ampliación del puente de Julián, situado sobre el río Alvedosa en la salida del casco urbano de Redondela por la carretera PO-250 hacia Reboreda.

El trabajo proyectado tiene por objeto la ampliación de la estructura y la construcción de aceras para mejorar la seguridad vial en este punto con el fin de evitar la interferencia entre vehículos y peatones. Según explican desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, "esta circunstancia hace necesario proceder de forma inmediata a la ejecución del proyecto y, en conformidad con la Ley de Carreteras de Galicia, la urgente ocupación de los bienes y derechos necesarios".

El puente dispone actualmente de una anchura de solo cinco metros para los dos carriles de circulación, por lo que no pueden cruzarse un coche y un camión. Además, la ausencia de arcén o aceras supone un grave riesgo para los peatones.

El proyecto para ensanchar el puente fue aprobado en octubre del pasado año por la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), y prevé la ampliación de la estructura existente para que se pueda dotar la calzada de dos carriles de 3,5 metros para la circulación de vehículos y una acera de 2,25 metros en una de las márgenes, que permita a los peatones transitar por la zona y cruzar el río con garantías de seguridad.

El presupuesto total que destinará la Consellería de Infraestruturas en esta actuación es de 188.762 euros, y la previsión es que los trabajos estén rematados en el primer semestre de 2014. El proceso expropiatorio afectará a un total de cinco predios con un coste de 33.429 euros.

Antigua demanda

La mejora de este puente es una antigua demanda de los residentes de la zona y de la parroquia de Reboreda. Durante el anterior gobierno municipal, dirigido por el socialista Xaime Rei, se había remitido a la Xunta un anteproyecto para la reforma del puente. También durante el mandato de Rei se construyó una pasarela peatonal de madera que discurría en paralelo al puente de Julián para solucionar el problema, aunque nunca entró en servicio ya que afectaba en uno de sus extremos una propiedad privada y su dueño no autorizó el paso de los viandantes por esa zona.

El actual alcalde, Javier Bas, retomó las gestiones con el conselleiro de Infraestruturas, Agustín Hernández, en noviembre de 2011 y logró su compromiso de priorizar esta obra en función de las disponibilidades presupuestarias.