Un supuesto delito contra la ordenación del territorio por construir una plataforma de hormigón sobre el río Zamáns y seis boxes de lavado de coches encima en terrenos considerados rústicos de especial protección de aguas enfrentan al propietario de la estación de servicio de A Pasaxe, en la parroquia gondomareña de Vincios, a una petición fiscal de dos años de prisión y 9.000 euros de multa, además de la demolición de la construcción presuntamente ilegal y otros dos años de inhabilitación para ejercer como promotor o constructor. El dueño de la estación de servicio se sentó ayer por segunda vez en el banquillo del Juzgado de lo Penal 2 de Vigo por la misma causa, por la que había sido condenado a seis meses de cárcel y una sanción de 4.320 euros, así como al derribo de la estructura. Pero un fallo en la grabación de la vista celebrada hace 18 meses obligó a repetir ayer el juicio en la misma sala ya que fue anulado por la Audiencia.

Las conclusiones del ministerio fiscal son similares a las de la vista anterior. La Fiscalía considera probado que se construyó sobre el río y cerca de la autopista AG-57 y afirma que los boxes de lavado están a solo un metro del cauce. Para llegar a estas determinaciones utilizó herramientas como el Google Earth, cuyas fotos revelan que en abril de 2009, fecha de la denuncia, había una explanación de tierra en la zona, mientras que 4 años antes solo existía un "principio de aparcamiento". Es habitual que la acusación pública eche mano de aplicaciones en la red, como el Sigpac y el Goolzoom por su facilidad de acceso público y su efectividad para estas investigaciones.

La defensa, que cambió sensiblemente su estrategia con respecto al primer juicio, solicitó la libre absolución de su cliente porque los boxes no se construyeron en suelo rústico, sino en suelo urbano no consolidado, porque no afecta a bienes de dominio público y porque podría ser legalizable, aunque reconoce que se colocaron sin licencia.

En su derecho a la última palabra, el acusado dijo que el Seprona interpuso la denuncia a instancias del entonces alcalde, Antonio Araúxo, que militaba en el BNG en aquella época. Pero la juez lo reprendió por su afirmación y le recordó que los agentes de la Guardia Civil son independientes y actúan en defensa de la legalidad, en este caso urbanística.