El caso juzgado ayer no es el único que pesa sobre la estación de servicio de Vincios. Existe otra sentencia, por la vía administrativa, en la que el Tribunal Supremo instó en 2006 la demolición del negocio. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia instó al Concello a ordenar el cierre y derribo para cumplirla y dos alcaldes respondieron al mandato. El actual, Fernando Guitián, lo hizo hace un año y el anterior, Martín Urgal, en abril de 2011. Pero la gasolinera continúa abierta y el actual gobierno municipal, al igual que hizo el anterior, trata de buscar encaje legal a la instalación a través del plan sectorial del polígono industrial de A Pasaxe que no acaba de entrar en vigor, pese a aprobarse hace dos años.
La Xunta alega falta de fondos para llevar a cabo la urbanización y los empresarios de la zona han denunciado en varias ocasiones los perjuicios que la situación de ilegalidad urbanística del área les supone a nivel económico e incluso de seguridad.
