El alcalde de Oia, el popular Alejandro Rodríguez, ordenó el pasado 26 de diciembre el cese inmediato de la actividad de la casa rural "Budiño de Serraseca", ubicada en la parroquia de Viladesuso y propiedad de la exconcejala del BNG de Vigo Ana Gandón, por exceder presuntamente la licencia de obra concedida en 2001 por el propio Concello.
El decreto se produce apenas un mes después de que el conocido denunciante de irregularidades urbanísticas Eulogio Abeleira presentase una demanda en los juzgados de Tui por una supuesta dejación de funciones de las administraciones en el caso, dado que existe una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró el inmueble ilegal en marzo del año pasado al considerar que el Ayuntamiento de Oia debía haber solicitado autorización previa a la Xunta antes de conceder el permiso, puesto que se trata de una reforma en suelo rústico.
Casi trece años de proceso
Gandón y su pareja obtuvieron la licencia municipal en 2001 para rehabilitar una casa antigua de la zona de Serraseca y realizar una ampliación para servicios del establecimiento hostelero. Las obras terminaron en 2004 y los propietarios reclamaron al Concello la licencia de actividad, adjuntando el proyecto definitivo, que "contemplaba cambios respecto al inicial, aunque siempre pensamos que estaban amparados por el 10% de ampliación respecto a la licencia, que entonces (cuando solicitaron la licencia) permitía la ley", explicó ayer la afectada.
Después de solicitar de forma reiterada al Ayuntamiento la licencia de actividad hasta en tres ocasiones, los dueños de la casa recurrieron al contencioso-administrativo para que se les concediese por silencio administrativo. Fue entonces, ya en 2007, cuando el Concello emitió un informe en el que advertía de que se había excedido el volumen previsto en la licencia. Poco después, los servicios técnicos municipales requirieron a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras la preceptiva autorización previa para conceder la licencia, pero este departamento de la Xunta la denegó porque el propio Concello debería haberla solicitado antes de conceder el permiso de construcción y porque la obra excedía "en un 36%" lo previsto en aquel permiso.
Los propietarios recurrieron ante los tribunales esta resolución de la Xunta, pero el TSXG desestimó sus alegaciones.
