El servicio de Sanidade Animal de la Xunta ha ordenado el sacrificio de cuatro terneros procedentes de la explotación ganadera clausurada de forma preventiva el pasado mes de junio en la parroquia nigranense de Camos por el supuesto uso de piensos de origen animal, prohibidos desde la epidemia de las vacas locas, para alimentar a sus reses. Las investigaciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil certifican que estos bóvidos presentaban crotales de identificación fraudulentos, por lo que no habrían superado los obligados controles sanitarios que establece la Administración autonómica para garantizar su salubridad y su calidad apta para el consumo.
Por este motivo, el propietario la granja Rial González F., F.R.G., vecino de Vigo, se enfrenta a una nueva imputación por un presunto delito de falsedad documental, que se le habría comunicado ayer mismo, tras prestar declaración en las dependencias del Seprona en Vigo.
Esta imputación se suma a otras dos que se le atribuyeron en junio tras la inspección y cierre preventivo de la granja por delitos contra la salud pública -por la ya mencionada supuesta alimentación de sus animales con piensos ilegales- y por falsedad documental, dado que entonces ya se hallaron crotales alterados.
Tres de las crías de vaca sacrificadas fueron localizadas en una explotación cárnica de Ponteareas y la cuarta, en otra planta de Tomiño, según fuentes próximas al caso. Allí se descubrió que los crotales de identificación que portaban en sus orejas correspondían a otros animales. Tras diversas indagaciones, los agentes del Seprona descubrieron que el propietario de la granja de Camos habría utilizado los "pendientes" de vacas ya fallecidas, a las que no habría dado de baja en los registros oficiales, para colocárselos a nuevas crías. De este modo, estos terneros habrían sido vendidos sin superar las revisiones veterinarias obligadas, por lo que los compradores figuran como perjudicados en las diligencias.
La investigación continúa y no se descartan nuevas imputaciones contra el propietario de la explotación ganadera clausurada, puesto que durante su registro se encontraron indicios de maltrato animal. En el recinto había cadáveres de animales conviviendo con ovejas, caballos, vacas y gallinas muy deteriorados.
El departamento de Sanidade Animal llegó a inmovilizar partidas de carne de cordero procedentes de esta explotación en carnicerías de Vigo y O Rosal para frenar su comercialización y garantizar la seguridad alimentaria hasta confirmar que los piensos utilizados en el criadero no causasen riesgos para los humanos.
