Para los propietarios de caballos salvajes de A Groba identificar al ganado con microchip es ya solo un mal menor. De hecho, los 40 euros que de media cuesta el dispositivo podrían ser subvencionados por la Xunta si prospera la propuesta que realizará a la Consellería de Medio Rural la diputada autonómica del PP Fátima Iglesias, que se reunió hace unos días con los ganaderos en Torroña.

Iglesias, que acudió acompañada de varios alcaldes de la zona, llegó a proponerles, según relatan los propios afectados, un pacto por el cual se les permitiría realizar en agosto, y al modo tradicional, los curros cancelados este año; a cambio deberían cumplir con la identificación electrónica la próxima temporada. La oferta, sin embargo, no convence a los ganaderos, decididos a no celebrar las tradicionales rapas como medida de protesta, ahora contra el recién aprobado decreto equino de la Xunta.

"El problema rebasa con mucho el asunto del microchip", asegura Javier Álvarez Blázquez, secretario de la Asociación de Gandeiros de Cabalos de A Groba. Como portavoz del colectivo, expresa su malestar ante la decisión de que la cría de caballos en libertad pase a ser considerada a todos los efectos una explotación ganadera.

"Tratan de poner trabas y liquidar nuestra actividad, que a partir de ahora, por ejemplo, deberá contar con la autorización expresa de las comunidades de montes", explica Álvarez, quien señala que esta premisa deja en manos de los comuneros la pervivencia de una tradición milenaria en Galicia.

Además, el decreto impone el cumplimiento de otros requisitos "difícilmente aplicables" a la cría de caballos salvajes. "Obliga a los ganaderos a formalizar una declaración censal de sus reses, inscribir en el registro de explotaciones equinas y en el de explotaciones ganaderas, disponer de un libro o pasaporte para cada caballo y realizar un programa de biodiversidad", enumera, entre otras condiciones, el portavoz del colectivo de afectados.

Por su parte, el grupo parlamentario del PPdeG insiste en que la normativa comunitaria establece la obligación general de identificación de los caballos y advierte a los ganaderos de la necesidad de acatarla normativa "por las responsabilidades que podría generarles su incumplimiento".

En todo caso, la diputada popular Fátima Iglesias anunció ayer que mantendrá una reunión con el director xeral de Produción Agropecuaria para abordar la posibilidad de habilitar este año las ayudas al microchip.