El Concello de Porriño anunció ayer la apertura de la primera oficina de mediación hipotecaria de carácter municipal que se abre en Galicia.
El alcalde, Nelson Santos, informó que para ello ha firmado un convenio con el Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra. "Se trata de la creación de un servicio de información, asesoramiento y soporte dirigido a las personas y familias que tienen dificultades para hacer frente a los pagos de préstamos hipotecarios y pueden encontrarse, por esta causa, en riesgo de perder su domicilio habitual", explica el alcalde Nelson Santos.
El regidor destacó el carácter pionero de esta iniciativa, "siendo el primer municipio gallego en prestar a sus ciudadanos este servicio gratuito de información y asesoramiento desde una perspectiva legal, a la vez que se media con la otra parte interesada".
Firma de convenio
El regidor local y el concejal de Servicios Jurídicos, Carlos Martínez, se reunieron en la alcaldía porriñesa con Ramón Jáudenes, decano del Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra, para la firma del convenio, en un acto en el que también estuvo presente Gemma Rial como miembro de la junta de gobierno del Colegio. "El servicio se prestará en las dependencias municipales, durante dos días a la semana, por abogados independientes y sensibilizados con esta problemática", señala Martínez subrayando que "será un servicio gratuito para los usuarios, al igual que los abogados tampoco percibirán remuneración alguna, fieles a la función social de la abogacía".
El objetivo principal de la puesta en marcha de esta oficina se centra "en iniciar cuanto antes el asesoramiento y la defensa de las personas que, habiendo adquirido su vivienda mediante valoración pericial y préstamo hipotecario, ven ahora truncado su derecho a una vivienda digna soportando además un inmerecido endeudamiento generador tantas veces de una verdadera ruina patrimonial", explica el concejal.
Se podrán beneficiar de este servicio las personas, familias o unidades de convivencia empadronadas en Porriño, propietarios de una vivienda que constituya domicilio habitual que puedan verse afectas por situaciones de riesgo residencial y que puedan derivar en ejecuciones hipotecarias, u otras que ya se encuentre inmersas en procedimientos de ejecución hipotecaria.
Se pretende cumplir tres objetivos, siendo el primero de ellos "plantear medidas correctoras que permitan mantener el pago de las cuotas hipotecarias y eviten la iniciación de procesos de ejecución hipotecaria", según informan. "Negociar medidas alternativas a las dificultades derivadas del impago facilitando la conservación de la vivienda por parte de la persona o del núcleo familiar y evitar, siempre que sea posible, los embargos derivados de la falta de pago de los créditos hipotecarios", son otros objetivos del proyecto.
